ACARTELADOS EN PRIMER GRADO
En Colombia tenemos carteles para todos los gustos. O mejor, para todos los disgustos. Además de los vergonzosamente recordados carteles del narcotráfico que vinculan en su nombre la procedencia de sus jefes (capos se ajusta mejor), y que tantas lágrimas, dolor y sangre nos costaron, también hemos tenido cartel de la papa, de los embalses, del cemento, del azúcar, de las esmeraldas, de la salud y ahora los del papel higiénico, cuadernos y pañales.
Frente a estos hechos traté de recordar otros casos sonados de corrupción en Colombia por los que mi memoria de tiza había pasado un trapo húmedo (a duras penas recordaba los protagonistas del “miti miti”), entonces busqué en Internet y... ¡sorpresa! Encontré cientos de miles de páginas relacionadas. Depuré y me quedé con las investigaciones de algunos medios de comunicación nacionales que establecieron su propia lista. Y me llevé otra sorpresa: Difícilmente coinciden entre sí. De modo que el “top 10” son cientos de casos en los que se ha visto afectada la ciudadanía, que siempre pierde, por cuenta de delincuentes de todos los pelambres. Una vergüenza nacional desbordada que, aunque no es exclusiva de nosotros, sí es alarmante.
A raíz del cartel del papel higiénico, el señor Jaime Lopera Gutiérrez, periodista en uso de buen retiro, compartió conmigo esta reflexión: “Periódicamente las empresas suelen renovar sus votos de castidad ética: afinan la Visión, ajustan la Misión y se mantienen en sus principios de honradez, calidad, servicio al cliente, colaboración, integridad y otras palabras del mismo tenor. La pregunta que viene para Familia, Scribe, Papeles Nacionales y las demás (incursas en las sanciones de la Superintendencia) consiste en saber si van a mantener esas metáforas en lo sucesivo. ¿Aceptarían las familias de sus empleados, y ellos mismos, esta incongruencia con la cual ingresaron engañosamente? ¡Averígüelo Vargas!”. Buen punto.
Es muy doloroso que firmas muy importantes y reconocidas, consideradas como modelo empresarial, caigan en prácticas ilegales que hacen perder credibilidad en las personas y en las instituciones. El hecho de que algunas de ellas manifiesten arrepentimiento y pidan perdón es necesario, pero no suficiente. Las sanciones que el Gobierno les puede imponer son nada comparadas con el daño que han hecho. La multa máxima apenas supera los 68.000 millones de pesos. ¿Qué es eso frente a las ganancias gigantescas que obtienen de sus maniobras fraudulentas?
Lo justo sería que también sancionaran a los dirigentes, no solamente a los que ocupan puestos de mandos medios, sino a los miembros de juntas directivas, presidentes y gerentes que orientaron o al menos permitieron esa conducta.
Además, esas empresas tramposas deberían sufrir una sanción social por parte de los consumidores, como pasar de largo por sus estanterías en los supermercados para que se afecten donde más les duele: en la caja.
Nunca serán normales el abuso de funciones y de autoridad, las licitaciones públicas fraudulentas, las asociaciones ilegales, el uso de información privilegiada, las hojas de vida infladas con títulos inexistentes, la malversación de fondos, los sobornos ni el tráfico de influencias, entre otros. Son las “perlas” de un collar de trampas que nos ahorca todos los días.
Mientras sigamos viendo la corrupción con el mismo interés de quien mira una postal vieja muchas veces, y mientras el nivel de impunidad sea tan alto como los índices de corrupción, nada cambiará. Nos tumbaron ayer, nos tumban hoy y nos seguirán tumbando toda la vida. ¡Despertemos! .