Cuando el Presidente decide que la ley no es para él
Una de las señales más preocupantes de deterioro democrático aparece cuando quienes ejercen el poder comienzan a comportarse como si las normas jurídicas estuvieran dirigidas a los demás, pero no a ellos. En ese momento, la discusión deja de ser política y se convierte en un problema de supervivencia institucional. Es precisamente lo que ocurre cuando el presidente Gustavo Petro cuestiona o minimiza decisiones del Consejo de Estado que le recuerdan su obligación legal de no intervenir en política electoral en los períodos establecidos por la ley.
No se trata de un debate sobre libertad de expresión ni sobre el derecho del Presidente a defender la gestión de su gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el principio según el cual el jefe del Estado también está sometido a la Constitución, a la ley y a las decisiones de los jueces.
La esencia del constitucionalismo moderno consiste en limitar el poder. Las democracias no fueron diseñadas para confiar en la buena voluntad de los gobernantes, sino para impedir que cualquier autoridad pueda actuar sin controles. Por eso existen jueces independientes, órganos de control y separación de poderes. Cuando un Presidente comienza a desconocer esos límites, la democracia entra en una zona de riesgo.
Las dictaduras del siglo XXI rara vez nacen mediante golpes militares o la abolición inmediata de las instituciones. Suelen conservar las elecciones, los tribunales y el lenguaje democrático, mientras debilitan progresivamente los controles al poder y presentan cualquier límite jurídico como un obstáculo para la voluntad popular. Ese fenómeno ha sido descrito por numerosos constitucionalistas, entre ellos el destacado profesor Mauricio Gaona, como transición hacia una “dictadura constitucional”: sistema en el que la Constitución subsiste formalmente, pero el gobernante actúa como si estuviera por encima.
Toda actuación autoritaria comienza con una idea sencilla pero peligrosa: que quien ganó las elecciones puede ignorar las restricciones que le impone el orden jurídico. A partir de allí, las decisiones judiciales son presentadas como interferencias políticas y el cumplimiento de la ley se convierte en una cuestión de conveniencia.
Ningún demócrata debería sentirse cómodo frente a esa situación, independiente de sus simpatías ideológicas. Hoy puede tratarse de un presidente de izquierda; mañana podría ser uno de derecha. Lo que está en discusión no es una persona ni un partido. Es si Colombia seguirá siendo una república gobernada por leyes o terminará siendo un país gobernado por la voluntad de quien ocupe la Casa de Nariño. Resulta grave que el Presidente de la República envíe el mensaje que las órdenes del Consejo de Estado son simples opiniones que pueden ser acatadas o desatendidas según las circunstancias políticas del momento.
En una democracia auténtica, los jueces no gobiernan, pero sus decisiones obligan. El Presidente dirige el Estado, pero no está por encima de la ley. Cuando esa diferencia desaparece, la democracia empieza a convertirse en otra cosa. La distancia entre una democracia constitucional y una dictadura no se mide por el número de elecciones que se realizan. Se mide por el respeto que quienes ejercen el poder demuestran a los límites que la Constitución y la leyes les imponen. La defensa de la Constitución no consiste en citarla. Consiste en obedecerla.