Ambiente, deficiente gestión
Lo acontecido en Mocoa, Putumayo, además de la tragedia humana que ha significado, ha puesto en evidencia, una vez más, cómo la gestión del ambiente en Colombia deja mucho que desear.
A la par de este suceso, y apenas iniciando la temporada invernal del primer semestre, ya se anuncia que casi la mitad de los municipios del país presentan riesgos ambientales producto de la intensificación de las lluvias. Igualmente se registra el desbordamiento de algunos ríos, como el Magdalena.
Todas estas afectaciones terminan, de una u otra manera, impactando (o poniendo en riesgo) la vida de las personas, además de influir negativamente sobre sus actividades económicas.
Más allá de implementar medidas que mitiguen los riesgos derivados de las temporadas de lluvias, asunto de vital importancia, es necesario que las autoridades (en sus diferentes niveles de responsabilidad) adopten las acciones requeridas para hacer un manejo del ambiente más responsable y sostenible.
La destrucción de la selva amazónica y de los bosques en las montañas para ampliar, por ejemplo, la frontera agrícola y ganadera o expandir las intervenciones en minería (legal e ilegal), genera daños en las cuencas hidrográficas, que, a su vez, terminan afectando a los centros urbanos, como parece ser el caso de Mocoa. Estos fenómenos son aún más intensos en zonas de alta precipitación, como ocurre en Chocó y en parte de la región de Urabá.
Sin embargo, el problema de la destrucción de la cobertura vegetal no es exclusivo de los territorios rurales. En las ciudades, la expansión descontrolada de la construcción y de las obras de infraestructura también termina arrasando con los únicos pulmones (los árboles) que estas tienen para limpiar el ambiente y, con ello, se le abre paso a la contaminación del aire con sus afectaciones en la salud y en la vida de los propios habitantes urbanos.
A pesar de que en Colombia existe una institucionalidad establecida para el manejo ambiental y de que las diferentes autoridades (nacional, regional, departamental y municipal) tienen asignadas responsabilidades en el tema, la presencia creciente de eventos indeseables y de catástrofes ambientales en las diversas regiones del país pone de manifiesto que los avances en esta materia son muy limitados, que la normatividad establecida poco se aplica y que las acciones punitivas son altamente escasas.
Todo esto contrasta con la creciente utilización, en diversos países del mundo, de un conjunto variado de instrumentos de política ambiental para asegurar el adecuado manejo de los recursos naturales y para, de esta forma, garantizar un desarrollo sostenible de los territorios.
El Banco Mundial destaca, entre algunos de estos instrumentos, los relacionados con la regulación y la supervisión ambientales (como los permisos, las licencias y los controles administrativos) y los basados en el mercado (como las tarifas, los impuestos y los pagos ambientales).
El suceso de Mocoa no puede quedarse, como es la costumbre, en un nuevo hecho doloroso de nuestra historia reciente. Este debe llevarnos, bajo el liderazgo del gobierno nacional, a tomar las medidas necesarias para evitar una nueva tragedia y para corregir el rumbo en la política ambiental.