¡BASURA
HUMANA!
Hojeando las farragosas 110 páginas del articulado del proyecto de ley presentado al Congreso por el ministro de Hacienda y Crédito Público, fechado el pasado quince de abril, con el cual se dice fortalecer “la política de erradicación de la pobreza” mediante una expoliadora y expropiadora reforma tributaria, solo se puede concluir que ese perverso ejercicio de la técnica legislativa –lleno de incisos, parágrafos, fórmulas, remisiones internas y excepciones, aparentes y reales–, solo busca fortalecer y afianzar los privilegios de los más poderosos y acabar con la clase media y los pensionados. Y ello se disfraza, muy bien, con algunos dulcecitos populistas lanzados a los más humildes para poder legitimar el exabrupto.
Para hablar de los pensionados y sus maltratadas mesadas, mencionados unas noventa veces en el esperpento, debe decirse que llaman la atención –y mucho–, el artículo 63 mediante el cual se crea el impuesto para pensiones de más de $ 4.468.676,92 mensuales; así mismo, como para que la cascada impositiva pueda continuar, el artículo 70 diseña un absurdo tributo de retención en la fuente para pensiones de más de $ 2.178.480,00. Y, en fin, el artículo 92 propone “un impuesto solidario” por seis meses para pensiones de más de diez millones de pesos.
Pero los gravámenes a la vejez no terminan allí, porque quienes detentan esa calidad también tienen que pagar el cúmulo grosero de impuestos directos e indirectos que dejan exhaustos los bolsillos, ya castigados con el inconstitucional gravámen del 12% para la salud; pero no contenta con eso, la propuesta aumenta de forma descomunal esas contribuciones y crea otras cargas tributarias. Y algo penoso: el incremento de las pensiones para 2021 fue del 1.61 %, pero la inflación acumulada hasta la fecha ya lo igualó. ¡Otro mecanismo impositivo disfrazado para acabar con los írritos pagos!
Y, para acabar de ajustar, los aviesos autores de la iniciativa se burlan de los mandatos contenidos en el artículo 48 de la Carta Fundamental que, en medio de una extensa letanía de previsiones inoficiosas, señala: “El Estado... respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley” y, tras la reforma de 2005, con las excepciones legales, “...por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. ¡Cuáles “derechos adquiridos” y prohibiciones dirá Alberto Carrasquilla Barrera, si eso para él –que es un dictadorzuelo– no existe!
Pero mientras esto sucede, en medio de la esquizofrenia desenfrenada, el gobierno nacional (que administra una economía en bancarrota, de la ilegalidad, y con una deuda externa inmanejable), hace poco anunció una inversión aproximada de 4000 millones dólares para renovar la vieja flotilla de aviones de combate; esto es, se quieren comprar 24 nuevas aeronaves de guerra para reemplazar a los casi obsoletos Kfir de la Fuerza Aérea. Un absurdo desde toda perspectiva, pero un regalo maravilloso para los infectos que manejan este tipo de contratación quienes, anhelantes y hablándole al oído al gobernante, hoy se frotan las manos.
Así las cosas, solo queda por esperar que el Congreso –donde los mercaderes se pasean a sus anchas por el templo de la democracia y las voces auténticas de la oposición son pocas– recomponga el camino, máxime si se avecina un año electoral que puede hacer naufragar muchas aspiraciones, cuando no darle paso al autoritarismo y a las veleidades de quienes gobiernan solo pensando en ciertos bolsillos, no en el bien común como debería ser.
Este sistema oprobioso y pedestre, pues, ha convertido a los pensionados que le sirvieron toda su vida a la sociedad y buscaron construir una vejez digna –aunque muchos colombianos ni siquiera lograron tener esa condición–, en mera bazofia humana que debe ser pisoteada, vilipendiada y apartada; aquí, más que en ningún otro lugar, se está enfrente a la “cultura” del “úsese y tírese”, de la que habla Alvin Toffler en “El shock del futuro”