BELICISMO TORPE
Es fácil interpretar la actitud belicista y torpe del gobierno venezolano, pero difícil comprender la forma dubitativa como nuestro gobierno está reaccionando. Pareciera que le estamos haciendo el juego al país vecino y a otros intereses ajenos a los nuestros, y con ello, poniendo en riesgo aspectos vitales de la más alta importancia nacional. El Congreso de la Republica debería pedir al Ejecutivo explicaciones al respecto y la opinión pública estar vigilante.
Las Fuerzas Militares de cualquier país son el instrumento más valioso y decisivo de alta política y, por tanto, su empleo debe ser sabio y prudente, solo cuando han fracasado la política, la diplomacia y los intereses nacionales así lo exigen. Ellas saben que su deber profesional les obliga a tener planeados todos los escenarios y estar preparadas para cualquier hipótesis o eventualidad. Las nuestras no son inferiores a su compromiso.
Nuestras Fuerzas Militares saben, en efecto, que su razón de ser es la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional. Ello exige de sus miembros ética, liderazgo, carácter, fortaleza física, mental y espiritual, proficiencia tecnológica, dedicación exclusiva, equipamiento adecuado y voluntad de vencer. Esas cualidades no se construyen en pocos años, sino en décadas, fruto de una doctrina pertinente, sistemas de armas adecuados para atender las amenazas, acertada selección de personal e instrucción y entrenamiento efectivos. En su dirección no caben la improvisación, la ignorancia ni mentalidad calenturienta.
Vale la pena aplaudir la actitud prudente de nuestro ejército en la frontera oriental, la cual no es demostración de debilidad, sino de conocimiento de sus fortalezas. Esas provocaciones también nos recuerdan la necesidad imperiosa de conocer, formular y aplicar políticas de movilización nacional, sobre lo cual he venido insistiendo por décadas.
El tema de las relaciones con Venezuela no escapa a las anteriores consideraciones. Resultaría torpe pensar en invadir a un país, bajo la presunción de hacerlo para derrocar a una dictadura, arguyendo razones humanitarias y actuando al margen del derecho internacional. Ello no está en nuestro ordenamiento constitucional, no resuelve la crisis migratoria, empeoraría la tragedia humana que se vive allá, agravaría los problemas existentes en los dos países. Además solo beneficiaría a los vendedores de armas y convertiría a los dos países en el ajedrez donde las potencias de hoy prueben sus tecnologías bélicas y diriman sus intereses geopolíticos.
Sintetizando un balance de potenciales, la situación política, social, económica, anímica y organización logística de Venezuela, le impediría realizar un esfuerzo bélico sostenido, por lo que se vería inexorablemente en manos de sus aliados asiáticos. Igualmente, Colombia tendría que recurrir al apoyo estadounidense, no siempre gratuito. Los dos países incrementarían su endeudamiento, verían su infraestructura afectada, decenas de miles de vidas perdidas y las almas de las dos naciones heridas. Sería una confrontación de perdedores, con varias décadas de esfuerzo para recuperarse.
Se necesita una acción política, jurídica, económica y diplomática articulada de la comunidad internacional, para lograr que la sociedad venezolana encuentre su propio destino. La historia de las intervenciones militares extranjeras con el pretexto de “devolverle la democracia al pueblo”, ha terminado en rotundos fracasos para esos pueblos. Consideremos, como ejemplo, las historias de Irak y Libia.
Por ello estoy de acuerdo con la frase de nuestro presidente: “las intervenciones militares, sobre todo en el contexto de América Latina, no tienen ningún tipo de respaldo y no debería ser el camino”. Dejémosle a otros el papel de torpes.