Bienvenidos al Far West
En medio de este explosivo coctel social que es hoy el país, en manos de personas y gremios que protestan legítimamente, desgobierno y ausencia del Estado, violentos inmisericordes que destruyen bienes públicos y privados, mingas indígenas incontroladas, injusticia social acrecentada por la pandemia, grave crisis económica, violaciones a los derechos humanos, impotencia ciudadana, etc., no podía faltar la justicia privada. Una prueba de esto último son los hechos sucedidos en algunas ciudades, en virtud de los cuales los residentes han acudido a las vías de facto para defender sus pertenencias y preservar sus vidas e integridad; incluso, colectivos de personas –a la fuerza– han roto bloqueos a vías y centros de servicios, para tratar de evitar el cerco a las ciudades y el desabastecimiento.
Esto significa que, para enfrentar el accionar de los fanáticos, otros también optan por el ejercicio de la fuerza y la autojusticia; algo nefasto cuando se piensa en las bases propias de un Estado democrático y participativo, sobre todo cuando los ciudadanos no encuentran apoyo en las autoridades legítimamente constituidas para garantizar el ejercicio de sus derechos y asegurar la convivencia, lo que en la práctica conduce a la disolución de la organización social. Y, adviértase, a ese recurso propio del Oeste Lejano, se suma la notable ausencia de liderazgo de los partidos y movimientos políticos que hoy están por completo alejados de los electores y sus bases; el panorama en esta materia es tan deprimente que, salvo algunas voces aisladas, los llamados padres de la Patria se agazaparon en sus trincheras electorales o en el cómodo sol de las playas de otros países –como se denunció hace poco– y optaron por no hacer ningún pronunciamiento público sobre la grave crisis institucional que sacude al país.
Otro ejemplo de esa nefanda política del avestruz es el papel de la Fiscalía General de la Nación, que solo saca la cabeza cuando le conviene y no cumple a cabalidad con la tarea constitucional y legal de perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal; en lugar de ello, se dedica a amenazar con el ejercicio de la extinción de dominio a los dueños de los camiones que bloquean las vías, a sabiendas de que el propio fiscal general ni siquiera tiene competencia legal alguna para hacerlo. Se pone, entonces, en escena una justicia espectáculo concebida solo para la tribuna y no se atienden las necesidades reales de los ciudadanos, quienes claman por el ejercicio de una debida persecución penal para que los responsables de tantos latrocinos, esos irrefrenables y violadores de derechos humanos que quieren acabar con todo, no queden en la absoluta impunidad.
Pero estos comportamientos pasivos también se observan por parte de diversos gremios, instituciones de enseñanza (salvo escuetos y a ratos convenientes comunicados), iglesias y, por supuesto, de muchos ciudadanos que –en medio de la comodidad o las carencias de sus hogares– optan por quejarse en privado y sentarse solo a observar lo que pasa. Como es obvio, ante semejante panorama urge que todos los habitantes, en ejercicio de los derechos democráticos de que están investidos, se pronuncien y manifiesten; no es posible, pues, que mientras unos pocos generan el caos la mayoría silenciosa no diga o haga nada, por indiferencia o temor. En un contexto como el actual, por tanto, esta es la hora de actuar, reclamar y dialogar, pero no la de la venganza privada.
En fin, no se puede olvidar que –con sabiduría– los padres del Estado moderno, dijeron que nuestros derechos y libertades terminan donde comienzan los de los demás; y John Stuart Mill, otro ferviente liberal, afirmó: “No es libre ninguna sociedad, cualquiera que sea su forma de gobierno, en la cual estas libertades no estén respetadas en su totalidad; y ninguna es libre por completo si ellas no se garantizan de forma absoluta y plena” (On Liberty, London, Third Edition, 1864, pág. 27)