¿CADENA PERPETUA O SIEMBRA DE VALORES?
La humilde niña Yuliana Andrea Samboní Muñoz, de siete años de edad, de quien aparece en los medios de comunicación una fotografía que la muestra vestida de rosado y con una corona de reina de belleza sobre su cabeza, acaba de ser brutalmente vejada, abusada sexualmente y asesinada, tras su rapto el pasado domingo en las horas de la mañana, en el Barrio Bosque Calderón Tejada de Bogotá.
Como autor de esta felonía fue imputado el arquitecto Rafael Uribe Noguera, egresado del Gimnasio Moderno y de la Universidad Javeriana, quien, al exhibir una personalidad desarreglada, trasladó a la menor hasta un apartamento situado en la Carrera 4A # 66-14, Chapinero Alto, donde cometió semejante atropello y fue encontrado el cadáver en las horas de la noche.
A poco más, para hacer populismo punitivo, aparecieron los políticos pancistas encabezados por el pacificador presidente de la República, quien pidió aplicar “todo el peso de la ley” al responsable; lo sucedieron en sus súplicas el –siempre obsecuente– presidente del Congreso Mauricio Lizcano, el Representante a la Cámara del Cauca (cuna de la niña) Óscar Ospina Quintero, y el congresista Efraín Torres, entre otros, quienes reclamaron la cadena perpetua para estos crímenes.
Con ellos la directora del ICBF, Cristina Plazas, expresó: “estas historias desgarradoras hacen un llamado a la sociedad para que se apruebe la cadena perpetua a los violadores”; y la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Carlos Alfonso Negret, recordó: “en este caso hay que tener en cuenta la no aplicación de beneficios penales, considerando que la víctima es una niña”.
Al mismo tiempo, personas que dicen representar a organismos como la Fundación Amigos Unidos, al exhibir carteles en la calle, reclamaron la cadena perpetua y luchar contra la impunidad; también, miles de ciudadanos protestaron y pretendieron hacer justicia por su propia mano. Incluso, Isabel Agatón, representante de la Secretaría Distrital de la Mujer, pidió una condena “ejemplarizante” y, muy posesionada ella, dijo como si fuese juez: “En el proceso no se permitirán argumentos como que el presunto responsable no era capaz de determinar sus acciones”.
Tampoco faltaron las entrevistas sensacionalistas a algunos “penalistas de moda”, esos mercachifles impúdicos que exhiben buenas chequeras y que, por supuesto, no podían desaprovechar esta oportunidad para decirle a boca llena al país que “nunca” defenderían a un delincuente como este, pero, eso sí, lo harían si se tratara de paramilitares, criminales de Estado o corruptos.
Cuando se debate un asunto de esta envergadura están en juego los fines de la pena, ora se reclame la mano dura propia de las concepciones absolutistas, para las cuales el sentido del castigo es el imperio de la justicia sobre la tierra; ora, se adopten las concepciones preventivas, con su demanda de castigos ejemplarizantes para intimidar a la comunidad (prevención general negativa) o expurgar al delincuente, castrándolo o matándolo si es del caso (prevención especial negativa). Añádanse las concepciones mixtas al respecto.
Para nada interesa que en una sociedad culta el fin de la pena solo pueda ser doble: la prevención general de los delitos y la prevención general de las penas arbitrarias; y que, de la mano de un diseño civilizado de garantías –que tienen que respetársele a un criminal como Uribe Noguera, ahora en prisión preventiva–, el proceso penal no pueda convertirse en un escenario para el linchamiento (Ferrajoli).
De esta manera, así el establecimiento pida más sangre sobre el ruedo –mientras ejecuta su política de pan y circo– y se trate de un crimen monstruoso, que no solo llena de rabia y dolor sino que estruja el alma, algo queda claro: no se requieren más cadenas perpetuas, porque la legislación penal ya prevé hasta sesenta años de prisión para este caso, urge sí la necesaria siembra de valores, algo esencial en una sociedad enferma, que se dejó embaucar por el más burdo materialismo y el irrespeto al ser humano.