Carrusel ambiental que desangra
De manera un poco extraña comienzan a acumularse demandas o la intención de ellas por decisiones de las cortes sobre la protección al medio ambiente.
El carrusel podría costarle al país cientos de millones de dólares por decisiones contraproducentes y contrarias a la legislación ambiental.
No solo el sonado caso de Caño Cristales. La Corporación Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge había entregado licencia para un puerto carbonífero en la bahía Cispatá, en área protegida por la riqueza del manglar.
Ante el alboroto, ambas licencias fueron revocadas y se abre la posibilidad de demandas jugosas, como la que presentarían empresas foráneas por no habérseles permitido la actividad minera en área protegida de la región amazónica. Sería por 16.500 millones de los verdes. Y algo similar se viene con Santurbán
Tú pides, yo otorgo, cancelo, demandas y... ¿partimos? Es una posibilidad en ciertas situaciones y bajo determinados actores. Pero más allá de las dudas, en el desastre ambiental la falta de planeación de las entidades encargadas de entregar el territorio en concesión para distintas actividades tiene mucho que ver.
Un afán estremecedor y casi irracional por entregar recursos y obras, sin importar consecuencias ni costos.
Se echa luego el agua sucia a las Cortes culpándolas de una inestabilidad jurídica que en verdad crean quienes otorgan permisos afectando el patrimonio y el bienestar de todos los colombianos.
En el fallo C-449 del 16 de julio de 2015 la Corte Constitucional reiteró una vez más:
“La defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares”. Contundente.
Es hora, como han expresado inversionistas, de que el Gobierno indique qué se puede hacer y dónde. Ya sabemos qué territorios y recursos son primordiales e intocables y dónde abstenerse en caso de dudas. Lo otro es hacerle trampa al país.
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