CÓMO LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA GANÓ LA GUERRA DEL OPIO
En medio de la epidemia por el abuso de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, hace un año el Congreso aprobó una nueva ley que ha permitido a las grandes compañías farmacéuticas inundar las calles del país con narcóticos recetados a base de opio.
Así lo reveló una investigación del periódico The Washington Post y el programa “60 minutos”, de la cadena CBS, realizada por periodistas de los dos medios. La epidemia ha cobrado la vida de unas 200 mil personas, más de tres veces la cantidad de muertes de soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam.
Según la investigación, un puñado de miembros del Congreso, aliados con los principales distribuidores de medicamentos, impusieron a la DEA y al Departamento de Justicia la aceptación de una ley más amigable con la industria farmacéutica, socavando sus esfuerzos de muchos años para detener el flujo desbordado de pastillas para el dolor -a base de oxicodona e hidrocodona- que ha causado tantas muertes.
La antigua Ley de Sustancias Controladas, aprobada en 1970, obligaba a las compañías a reportar pedidos inusualmente grandes de medicamentos producidos a base de opio. A partir de 2005, la DEA les advirtió a los laboratorios que estaban enviando grandes cantidades de opiáceos a clientes dudosos. Muchos pedidos se hacían a través de internet o usando recetas firmadas por médicos corruptos. Otros, aprovechando pequeñas farmacias situadas en lugares remotos. De este modo, cientos de millones de estas pastillas terminaban en el mercado negro, en manos de traficantes.
En 2007, la DEA multó con 13 millones de dólares a McKesson, el mayor distribuidor de drogas del país, por no reportar miles de pedidos sospechosos realizados por farmacias. Cardinal, otra gran distribuidora, también fue sancionada con 34 millones de dólares. Ambas pagaron las multas. Pero las ventas irregulares continuaron, al tiempo que las ganancias de las farmacéuticas seguían aumentando.
El negocio era tan rentable que la industria se empeñó en promover una reforma de la antigua ley. Según The Washington Post, entre 2014 y 2016, la industria farmacéutica gastó 102 millones de dólares presionando al Congreso para que aprobara un proyecto que restringía las atribuciones de la DEA para controlar la venta desaforada de estos medicamentos. La industria trabajó con grupos de presión y miembros clave del Congreso. Las campañas electorales de 23 legisladores que promovieron la nueva ley recibieron contribuciones de al menos un millón y medio de dólares.
Los grandes laboratorios también reclutaron a altos funcionarios de la DEA y el Departamento de Justicia para trabajar con ellos. Estas maniobras dieron a la industria una ventaja injusta. El nuevo proyecto fue escrito por un antiguo abogado de la DEA.
La batalla fue intensa, pero desigual. Un funcionario de la DEA describió a los funcionarios de la industria y a sus abogados como “narcotraficantes con batas blancas”, graduados en las universidades más prestigiosas.
Al final, el departamento de Justicia y la DEA fueron derrotados. En marzo y abril de 2016, el Senado y la Cámara aprobaron la nueva ley por decisión unánime.
Con unas pocas palabras, esta cambió 40 años de práctica. Anteriormente, la DEA podía congelar los envíos de drogas que representaban un “peligro inminente” para la comunidad. Ahora, debe demostrar que estas representan “una probabilidad sustancial de una amenaza inmediata”, un tecnicismo legal que le impide actuar.
Hoy las calles del país están inundadas de opio vendido legalmente gracias a la nueva ley. Mientras tanto, la adicción y las muertes por sobredosis continúan aumentando, igual que las ganancias de la industria. Este es el resultado del apetito desmedido de riqueza de la industria farmacéutica, su doble moral y la política esquizoide del gobierno de EE. UU. frente al problema de las drogas.