Complejidades de la lucha contra el paramilitarismo
En la Mesa de Conversaciones de La Habana uno de los puntos pendientes de cerrar acuerdos entre el Gobierno y las Farc es el relativo a la lucha del Estado colombiano contra el paramilitarismo y el crimen organizado; si a ello agregamos el llamado ‘paro armado’ organizado hace unas semanas por el grupo que denominan ‘Clan Úsuga’ en algunas regiones del país, es evidente que el tema de la lucha contra el paramilitarismo sea el debate nacional hoy.
Es pertinente señalar que una cosa es la discusión, un poco semántica, de cómo denominar estos grupos generadores de violencia; el Gobierno se ha empeñado en decir que los grupos paramilitares ya no existen y que lo que sobrevivió a la desmovilización de las AUC en el anterior gobierno son bandas criminales (bacrim), expresión de modalidades de crimen organizado. Los sectores opositores y en ámbitos académicos por el contrario dicen que lo existente es una nueva generación de paramilitares. Más allá de ese debate, sin duda importante, lo cierto es que existen grupos armados privados -de naturaleza muy diversa a nivel regional- ligados al control de rentas ilegales, especialmente narcotráfico y minería ilegal y que influencian o controlan poderes locales -así pueden influir o controlar rentas legales- y además se ha venido asesinando en varias regiones, de manera sistemática, a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Lo anterior evidencia un problema estructural y es la incapacidad del Estado colombiano de controlar plenamente los monopolios clásicos -el de la coerción, la justicia, la tributación y el control territorial- que es un problema ligado a la construcción histórica del Estado-Nación. Por ello la posibilidad de llegar a un cierre concertado del conflicto armado con la insurgencia guerrillera, se debe utilizar positivamente para avanzar en el control de los monopolios clásicos. Pero la estrategia para combatir estos grupos ilegales armados no es simplista, debe ser multidimensional.
Se requiere una estrategia de tipo policial bien diseñada, con tareas de inteligencia estratégica y operacional, que permita identificar las particularidades del problema en los distintos espacios, infiltrar sus redes y acudir a una fuerza élite que adelante los golpes contundentes contra los mismos -solo en ciertos casos se requerirá de apoyos de Fuerzas Militares-. Esto no excluye, sino que la complementa, el diseño de estrategias de aproximación para estimular su sometimiento a la justicia, con ciertos beneficios. Hay que recordar que con excepción de algunos casos en que existen propiamente “formaciones cuasimilitares” permanentes, predominan son redes criminales que controlan las poblaciones con base en el miedo, los imaginarios del pasado y la corrupción de funcionarios y sobre la base de que estas actividades económicas ilegales se convierten, por la carencia de opciones de trabajo especialmente para los jóvenes, en oportunidades de ingresos para una porción de habitantes de los territorios.
Entonces, la estrategia policial de su combate debe estar acompañada de acciones, para combatir la corrupción, por ello la presencia de la Fiscalía es fundamental y debe estar acompañada de programas de desarrollo regional y de estímulo a la inversión privada para generar opciones productivas para la región. Y con presencia del Estado en el territorio, que es mucho más que militares y policías, es jueces que diriman conflictos, maestros, médicos, inspectores de policía.
Adicionalmente hay necesidad de una estrategia de promoción de cambios culturales; se trata de promover una cultura democrática real en el país; la democracia no es solamente ir a votar; es aceptar la diferencia en la sociedad, en el pensamiento, en las preferencias.
Por último y en la perspectiva de aplicar los acuerdos con la guerrilla, hay que diseñar políticas de protección a los desmovilizados, especialmente sus líderes y a los dirigentes de los movimientos políticos que surjan de estos procesos de cierre del conflicto armado -en esto el Estado ha avanzado sustancialmente desde la época nefasta del genocidio de la Unión Patriótica-. Pero sobre todo se debe avanzar hacia modelos de seguridad desarmada. Hoy están en manos de colombianos más de un millón de armas y si queremos consolidar una sociedad segura debemos ir en la dirección del desarme de los civiles. Seguridad no es andar con trescientos escoltas, seguridad es que todo colombiano pueda andar sin escoltas por cualquier parte del territorio .