Con ese mínimo, cuál paz, señores

Aun con escenarios económicos tan azarosos, es importante que el Gobierno y los empresarios entiendan la dimensión de la recursividad y esfuerzos -yo diría milagros- que deben hacer los trabajadores rasos y sus familias para sobrevivir con un salario mínimo.

Hay veces en que el empleador tiene la razón en manejar cuentas austeras en todos los sentidos. Al fin y al cabo, si no hay empresa no hay empleos ni salarios ni riqueza para nadie. Se quedan mirando para el techo los patronos y los empleados, en una dolorosa ruina colectiva y un reguero de familias sin sustento.

Tener empleados exige un juicioso ejercicio de cálculos y equilibrios respecto de los gastos en nóminas y prestaciones sociales y la sobrevivencia de las empresas, además del análisis para que el número de trabajadores sea el indicado frente a la fuerza laboral requerida. El juego es mantenerse alejado de cualquier déficit.

Con el actual ambiente macroeconómico nacional e internacional hacer empresa en el país resulta una aventura que incluso se antojaría arriesgada y hasta innecesaria. Mejor la platica guardada en los bancos o en papeles o en otras inversiones de renta. Quién se va a motivar a generar empleo formal con un panorama, por ejemplo, como el descrito esta semana por el economista Alberto Velásquez en El Colombiano. Se le quitan las ganas de navegar a cualquiera con semejante tormenta que amenaza con hundir las naves de nuestra economía.

Pero por primera vez en mucho tiempo escucho tantas voces, incluso algunas muy conservadoras, que al unísono califican el reciente aumento del salario mínimo como injusto, como desajustado frente a la inflación y, en general, frente al alza en el costo de vida.

Es llamativo, así se trate solo de un acto de hostilidad política con el gobierno Santos, que el procurador Alejandro Ordóñez haya calificado “el reajuste del 7 por ciento en el salario mínimo” como “inferior al IPC (índice de precios al consumidor) real de las personas de bajos ingresos” y un golpe a los más débiles por su condición económica tan vulnerable.

En consecuencia, el procurador solicitó al Consejo de Estado anular el decreto que lo estableció. Su pronunciamiento calificó lo fijado de inconstitucional y pidió un reajuste que debe valorar “necesidades materiales, sociales, culturales”, para llevar una vida social y familiar digna.

Desde otras instancias se ha propuesto lo mismo, incluso lo reclamó un editorial de este diario: ajustar el mínimo. Hagamos campaña, así sea tardía, para que ello ocurra. Qué importa que el Gobierno, como ocurrió con Isagén, no escuche a nadie. Por lo menos, hay que plantearlo y exigirlo.

El presidente Juan Manuel Santos está embarcado en un proceso de paz que se contradice con las garantías y las mejoras sociales capaz de darles a los ciudadanos. Los acuerdos de La Habana serán retahíla hueca si la paz no pasa por un ejercicio del poder que resuelva problemas de inequidad tan elementales.