Condenado por condenados
El domingo anterior leí en este diario la columna del doctor Rafael Nieto Loaiza sobre la injusta condena que paga el exministro Andrés Felipe Arias. Injusta por los antecedentes e injusta por quienes lo condenaron. El doctor Nieto es un gran jurista, conocedor de estos temas, eminente internacionalista que escribe con toda la autoridad sobre asuntos de derecho.
El martes pasado escuché, de viva voz, los argumentos del doctor Arias sobre el mismo tema y las sinrazones que lo tienen en una cárcel de los Estados Unidos y la inhabilidad de por vida para aspirar a cargos públicos en Colombia.
Desde un principio, cuando se inició el juicio contra el doctor Arias, se notó que el juicio tenía más una orientación política que jurídica, como lo afirmaba en aquella época uno de los altos magistrados de las cortes. Primó la política sobre el derecho.
Diez y siete años fue la condena que le aplicaron sin haber cometido delito alguno. Firmó un contrato, como lo habían hecho sus antecesores en algo más de 130 contratos con la misma entidad internacional, sin que siquiera los hubieran investigado. La diferencia es que el doctor Andrés Felipe se perfilaba como un futuro candidato a la presidencia de la República.
El doctor Arias sacó adelante el programa Agro Ingreso Seguro para aprovechar las ventajas que tenemos en el tema agrícola, por tener tierras cultivables en todos los climas y aguas suficientes para el riego de esas tierras. Ese programa, de ser exitoso, sería la redención para el agro colombiano y, seguramente, lo impulsaría hacia la presidencia. Entonces, había que atajarlo. Se ofrecían unos créditos para sistemas de riego en esas tierras y, algunos terratenientes, dividieron sus predios para conseguir varios créditos sobre la misma tierra. Un engaño que no tuvo consecuencias para los tramposos, pero sí para quien no recibió un solo peso de ese engaño. Los tramposos andan libres y la víctima de ese engaño paga 17 años de cárcel.
Unos de los magistrados que condenaron al doctor Arias, pagan prisión por haber recibido altas sumas de dinero por prestarse para actos indignos de la profesión de abogado. Otros están siendo investigados por hechos similares. Arias, sin haber recibido dinero alguno, como está demostrado, paga cárcel y es pedido en extradición ya que se encuentra en los Estados Unidos.
Un país está perdido cuando falla uno de los tres poderes públicos y, peor, cuando es la justicia la que pierde credibilidad. El poder Legislativo se ha convertido en una vergüenza para los colombianos, pero aun conservamos la esperanza en la reflexión y el cambio que se está produciendo. El Ejecutivo fue una vergüenza durante los últimos ocho años, pero se logró un cambio que permitirá enderezar el rumbo equivocado por el que nos condujo Juanpa -como le gusta que le digamos- el indigno fugitivo.
Lo único que nos queda es la esperanza en que la reforma a la justicia sea una realidad y que, con esa reforma, podamos otra vez tener a nuestra justicia en el lugar más alto entre las instituciones del Estado.