Corrupción y democracia
Que la democracia no funciona es una vieja crítica de la ciudadanía excluida de la participación política en las sociedades de masas, regidas por sistemas representativos. La democracia funcionó de forma esplendorosa en la Grecia antigua cuando la sociedad pudo deliberar explícitamente sobre sus leyes y las pudo modificar de acuerdo a su voluntad. Ese fue el momento fundacional de la política en el sentido de la actividad colectiva del pueblo para instituirse como sociedad autónoma, que quiere decir: obedecemos aquellas leyes que nos hemos dado.
Este ideal de democracia influyó en muchas revoluciones políticas en la formación de las sociedades modernas, pero fue en la Revolución Francesa de 1789 donde mostró sus límites. Los revolucionarios intentaron imponer un ideal de democracia, que pertenecía a las repúblicas de la antigüedad, la democracia directa, y esto llevó a la sociedad al terror jacobino. Tras este fracaso político, Sieyes, Madame de Stäel, y Constant, sentaron las bases de la democracia representativa.
En esta, el poder del pueblo se realiza a través del Legislativo, entendido como el poder soberano autorizado por todos en condiciones de igualdad, y se concreta mediante leyes emanadas de la soberanía misma. El poder soberano, construido mediante la representación, está conformado por los diferentes poderes del Estado, los cuales tienen funciones definidas por el mismo soberano. Hasta aquí llega la teoría: la práctica de la democracia en Colombia es desoladora.
Los problemas de nuestra democracia están determinados por la forma como se ha organizado nuestro sistema político, vinculado a prácticas clientelistas, elitistas, corrupción, penetración del dinero ilegal y del paramilitarismo en las instituciones estatales, y violencia del Estado contra la población civil. Además, la forma cínica y arrogante del ejercicio del poder por quienes nos han gobernado durante decenios, ha contribuido al debilitamiento de las instituciones representativas de la democracia.
Un ejemplo dramático de esta situación crítica de la democracia son las próximas elecciones, que están viciadas por la influencia de actores ilegales vinculados al narcotráfico, las bandas criminales y la guerrilla. Según la Fundación Paz y Reconciliación, los avales otorgados por los partidos son preocupantes: en 19 departamentos hay riesgo electoral y 140 candidatos están criminalizados, un 78 por ciento de ellos con alta probabilidad de ser elegidos.
Gobiernos que permiten la generalización de la corrupción en sus instituciones, y unos partidos que posibilitan el ingreso de candidatos con antecedentes criminales a las instituciones representativas, niegan con su acción el sentido de la democracia. El reto para un gobierno democrático consiste en limitar el poder de las élites tradicionales, del clientelismo y la corrupción, y crear las condiciones para que el poder popular recupere la capacidad de decisión y control colectivos, sobre la autoridad propia de los que ejercen coyunturalmente el poder. Reforzar esa capacidad de acción proveniente de la soberanía popular implica democratizar al poder. Es necesario volver al principio fundamental: solo al pueblo, al sujeto colectivo compuesto por todos, pertenece la facultad de dictar las leyes, porque tan solo el pueblo no cometerá injusticia contra sí mismo.