Crédito y riesgo bancario
Desde hace varias décadas el crédito de fomento ha sido uno de los principales instrumentos de la política agropecuaria del país, pues a lo largo del tiempo el financiamiento en general ha sido un elemento sustancial de la política sectorial y, por ende, de la agenda de la mayoría de los gobiernos.
De hecho, el crédito de fomento fue de los primeros instrumentos en ser usados para promover el desarrollo de la agricultura. Este trajo consigo el financiamiento mediante las tasas de interés subsidiadas que, hasta la actualidad, se siguen utilizando a través, por ejemplo, de las líneas especiales de crédito del Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE).
Adicional al crédito de fomento, a lo largo de los años se han puesto en marcha diversos instrumentos y programas, como el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y el Fondo de Solidaridad Agropecuario (Fonsa).
Aunque estos programas han permitido una mayor consecución de recursos para el sector, según algunos estudiosos, su forma de aplicación deteriora la cultura de pago de los agricultores.
El Banco Agrario, junto a Finagro, constituye un instrumento muy importante de la política crediticia para el sector agropecuario, ya que es una entidad clave para irrigar los recursos hacia los pequeños productores, pues la banca privada dirige los créditos principalmente hacia los grandes agricultores.
Además de actuar como institución de fomento y desarrollo agropecuario, el Banco debe autogarantizar su sostenibilidad y permanencia a largo plazo.
Con el tiempo, y por cuenta de las prórrogas de pago, las condonaciones a las deudas y las compras de cartera, otorgadas a través de Programas como el PRA y el Fonsa, que en muchas ocasiones terminan con una recuperación de la cartera que no supera el 20 por ciento de los recursos prestados, se han creado una serie de incentivos perversos alrededor de los instrumentos crediticios.
Recientemente, por ejemplo, mediante el decreto 1036 de 2014, el gobierno nacional estableció los parámetros para que los agricultores con obligaciones de hasta 20 millones de pesos y que fueron afectados por severas caídas de precios o problemas fitosanitarios serían objeto del Programa Fonsa. La medida cobijó a los agricultores que tuvieran sus créditos vencidos o reestructurados desde el 1 de enero de 2011 hasta el 28 de febrero de 2014.
Generalmente, este tipo de medidas especiales conducen a refinanciaciones automáticas de los créditos otorgados por el Banco Agrario.
Como lo establece un estudio reciente de Fedesarrollo, ello conlleva el detrimento de calidad de la cartera. Infortunadamente para el Banco, las pérdidas de cartera que se generan al tener que adoptar este tipo de programas no son cubiertas, como es lo adecuado, con el Presupuesto Nacional.
Dado que en el país existe el interés de ampliar el apoyo crediticio a los pequeños productores a través del Banco Agrario, es bueno tener en cuenta que, para evitarle mayores riesgos a la entidad, es necesario no solo contar con instrumentos como el seguro agrícola sino garantizarle la entrega de los recursos que implican subsidios o pérdidas derivadas de medidas gubernamentales.