De la justicia y su perversión

Por Tomás Porras Naranjo

Universidad Pontificia Bolivariana
Facultad de Ing. Eléctrica, 2° semestre
tporrasn@gmail.com

El hacinamiento carcelario en Colombia ha alcanzado niveles inhumanos. Las cárceles, ahora insostenibles, han hecho de la impunidad un fenómeno común; y pese a que el Gobierno Nacional es directamente responsable de ellas, el tema parece haber quedado en segundo plano, tanto en la ejecución del plan de gobierno como en el debate político nacional.

La justicia no es simplemente un elemento que llegó a nosotros por casualidad como consecuencia de la democracia. La justicia es una herramienta de cohesión necesaria en cualquier sociedad para permitir la convivencia, esencial para el desarrollo general garantizando la equidad, y fundamento de nuestra inevitable naturaleza social. En Colombia, sin embargo, este principio moral se ha trastornado en un sinónimo de venganza, y expresa de forma clara un profundo malestar en el corazón de la sociedad colombiana, que deriva negativamente en nuestro entorno y en la propia estructura política. Una expresión de ese malestar es, precisamente, el hacinamiento carcelario. El que no haya un debate fuertemente articulado alrededor del tema es una muestra de ello, en tanto se ha malentendido que las cárceles son lugares de descomposición donde se espera que los reclusos pasen los peores momentos de su vida. Aunque en el idealismo de la ley se busca que las cárceles sean sitios de rehabilitación, formación y curación, la completa ausencia de herramientas de reinserción y la recaída en el crimen de los individuos que pagan sus penas, evidencian la decadencia social no sólo dentro de las cárceles, sino fuera de ellas. En ese sentido, la cárcel en Colombia se ha convertido en una sucursal terrenal del infierno.

Detrás de la política policial del gobierno, que persigue con mano dura al crimen (pero no despliega el componente social de los detenidos), se esconde una noción pervertida de justicia, que no soluciona los fenómenos de fondo, y considera positivo un largo proceso de reclusión en el cual la reintegración de los individuos queda en un segundo plano. Mucho más importante es el silencio cómplice del país; incluso cuando el fracaso del sistema carcelario es evidente se pide mayor severidad en las penas, desconociendo la necesidad de un enfoque integral, que entienda a la justicia no como un componente de venganza sino como una forma de cohesión, donde el sistema penitenciario se proponga la resocialización y la reconstrucción de nuestra sociedad.

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