Derecho humano al agua
Hace unos días los medios de comunicación anunciaron que el agua se unió al oro, al petróleo y a otros recursos naturales comercializados en Wall Street. A pesar de que Colombia es un país rico en recursos hídricos que ocupa el sexto puesto a nivel mundial y el segundo en Latinoamérica después de Brasil, y que el 73 % de su población utiliza servicios de agua potable gestionados de forma segura, todavía existe un 27 % de sus habitantes que no tienen acceso al líquido vital, según la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que para más de 13 millones de colombianos tomar un vaso de agua en cualquier momento del día, algo que para muchos es una rutina común y corriente, para ellos es algo imposible.
En el mundo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), muchas personas tienen que caminar varios kilómetros al día para conseguir agua, poniendo incluso su vida en peligro cuando habitan zonas de conflicto. Además, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable y dos de cada cinco no tienen la posibilidad de lavarse las manos. En otras palabras: alrededor de una tercera parte de la población mundial no puede satisfacer su derecho al agua y al saneamiento básico que es fundamental para la vida y la salud humana.
El problema de la escasez del agua en el futuro inmediato, como consecuencia de la contaminación ambiental y el crecimiento poblacional, ha encendido las alarmas principalmente en las grandes potencias que se preparan para disponer de este recurso estratégico en el tiempo venidero. Que por primera vez se haya cotizado en el mercado de futuros de Wall Street, en donde se negoció el primer contrato de futuros de agua a través del cual se busca gestionar los riesgos de su suministro, genera preocupaciones en la medida en que se convierta en un negocio más, empeore el problema de escasez y disminuya la posibilidad de que las poblaciones más vulnerables puedan acceder al líquido vital como un derecho y no como un privilegio.
Esto equivale a que cada persona, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, pueda disponer de agua suficiente, saludable, aceptable y físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Esa debe ser una de las metas esenciales para el futuro del país: lograr que todos los habitantes del territorio nacional puedan satisfacer su derecho al agua y al saneamiento, teniendo en cuenta que son condiciones esenciales para garantizar derechos como la vida, la alimentación y la salud.
Colombia deberá fortalecer la gestión sostenible de sus reservas hídricas, declararlas recursos estratégicos y vitales para seguridad nacional, además de conservarlas para las presentes y futuras generaciones. En este sentido, debemos aumentar la protección de los páramos y ecosistemas altoandinos, disminuir la deforestación y combatir la minería ilegal. Adicionalmente, tendremos que apostar por el desarrollo de las fuentes naturales no convencionales, tales como la extracción y uso de aguas subterráneas, la conversión de agua marina a agua potable, y el tratamiento de aguas negras que permitan su uso en el sector agrícola.
Pero todos los esfuerzos no tendrán sentido si como seres humanos no asumimos la tarea de optimizar y proteger este líquido vital tanto en los hogares como en las comunidades, empresas y lugares de trabajo. Si el 43 % del agua potable se desperdicia en el país por la baja conciencia y el poco compromiso ciudadano, quiere decir que no estamos actuando con responsabilidad, pues de cada uno de nosotros depende revertir cualquier tendencia hacia la escasez de un recurso fundamental para la vida como lo es el agua.