DESACIERTO SÍ, DESHONESTIDAD NUNCA
El auto admisorio de una demanda contra el Plebiscito que adopta algunas medidas cautelares, emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 19 de diciembre de 2016, es inconveniente e inapropiado desde los ángulos político y jurídico, sobre todo cuando pretende que la violencia psicológica sobre los electores fue la que inclinó la balanza hacia el “no”, o, tomándose atribuciones inexistentes, le da órdenes al Congreso y a la Corte Constitucional en materias tan delicadas.
Por supuesto, los comportamientos de los cuales dio cuenta al país el exgerente de la campaña del “no”, son vergonzosos y suscitan rechazo e indignación porque muestran una baja calaña moral; pero los voceros del “sí”, con el presidente de la República a la cabeza, también incurrieron en actos todavía más cuestionables y desdorosos (chantajes, amenazas, mentiras, etc.). El proceso electoral previo al dos de octubre fue, pues, desleal y torticero; nadie puede tirar la primera piedra.
En este contexto, la equivocada decisión cayó como un baño perfumado sobre los nuevos usurpadores de la Constitución y ello, de manera injusta, también le granjeó a la consejera ponente y su familia censuras odiosas en el plano ético. Una de las personas que salió a denostar es el abogado Daniel Sanín quien, en su cuenta de Twitter, publicó el 20 de diciembre un contrato suscrito el 11 de agosto de 2015 entre Ecopetrol y el cónyuge de la consejera, el Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote. Preguntó: “Por qué no nos cuenta la “Magistrada” del @consejodeestado de los contratos de su marido con el gobierno como este de Ecopetrol?”. Quería el bolero improvisado mostrar una inexistente connivencia entre la consejera y el presidente de la República para emitir su decisión con base en el supuesto favorecimiento.
La verdad es otra: ese brillante jurista asesora a Ecopetrol desde hace once años y llegó cuando el ídolo político de quien hoy lo vilipendia regía los destinos del país; allí suscribe pequeños contratos como este y, quienes conocen de cerca su gestión, pueden decir que siempre lo hace con lujo de competencias y cumple con creces los diversos y difíciles encargos profesionales. Además, la transacción cuestionada versó sobre seis negocios y esa suma no comprendió las elevadas cargas impositivas cercanas al 50 %. El Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote –a quien conocemos muy de cerca desde hace más de treinta años– es una persona íntegra y de una honestidad a toda prueba como lo pueden atestiguar quienes saben de sus ejecutorias como juez, magistrado, procurador, profesor universitario y abogado en ejercicio.
Otra imputación rabanera es esta: “El doctor Carlos Augusto Gálvez Argote, exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y esposo de la doctora Lucy Jeanette (sic) es una de las fichas claves de dos personas que idearon el engendro al que bautizaron con el rimbombante nombre de Justicia Especial de Paz: Eduardo Montealegre y Juan Carlos Henao, rector del Externado de Colombia” (https://losirreverentes.com/la-magistrada-mandadera/). También, ese hecho es del todo falso y el distinguido Profesor no es “ficha clave” de nadie y menos de ese par de personajes.
Igual sucede con un contrato, por 21 millones de pesos (sin deducir los impuestos), suscrito por la hija de la magistrada con Migración Colombia, difundido en la misma red por un tal Yecid Durán: a ella se le reprocha su nivel insuficiente en esa lengua en una prueba en 2009; sin embargo, quien tira la piedra y esconde la mano no dice que esta distinguida joven hizo su carrera en Australia donde obtuvo su título profesional, cosa solo posible si se tienen conocimientos muy avanzados del inglés.
De esta manera, entonces, una cosa es criticar el arrevesado pronunciamiento judicial emitido por una judicatura descarrilada y otra, bien distinta, es el inicuo cuestionamiento sobre la ética de la Magistrada que lo expidió que, como toda su familia, son personas laboriosas e intachables.