Desequilibrios fiscales e impuestos

Por Jorge Barrientos Marín*

@jhbarrientos

El desequilibrio fiscal es la principal preocupación de cualquier ministro de hacienda. Los países con desbalances fiscales son la norma, no son la excepción, en especial en aquellos en vía de desarrollo, como Colombia, donde la desigualdad, la pobreza, la falta de “oportunidades” y la ambiciosa agenda social son el objetivo de la constante expansión del gasto público y, en consecuencia, responsables de la creciente deuda y el déficit fiscal.

La segunda preocupación es el delicado problema del gasto y, desde luego, su financiación. Es así como desde el año 2000 al menos 14 reformas tributarias han pasado por el Congreso. Vale decir que todas las reformas de los últimos 20 años han apuntado correctamente sin lograr dar completamente en el blanco, pero cada presidente y su respectivo ministro de hacienda adolecen de lo que Estanislao Zuleta llamaría el síndrome de no-reciprocidad lógica, esto es, que juzgan su causa por las intenciones, pero la de sus adversarios por sus resultados.

Hace cerca de dos años el Gobierno presentó ante el Congreso la que entonces llamó Ley de Financiamiento, el proyecto de ley 240 de 2018, que era una reforma tributaria que buscaba recaudar 14 billones de pesos para completar el presupuesto general de 2019. En ese entonces diversos analistas afirmaban que dicha ley distaba de ser una reforma estructural y vaticinaron, lejos de considerar probable que se viviera una pandemia, que en dos años debería presentarse otra reforma para mantener la creciente inversión social. En mayo de este año el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley 594 de 2021, con el rimbombante nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, que buscaba recaudar mínimo 25 billones adicionales para pagar deuda y atender una agenda social que pesa 10 billones de pesos. Como es de conocimiento común, la reforma se cayó debido a la presión ciudadana y el consecuente estallido social.

Fue un proyecto de reforma hasta cierto punto inoportuno, que necesitaba no solo de una mejor estrategia de comunicación de sus bondades, sino de una discusión más técnica, afrontando temas importantes, como un sólido compromiso de reducir el gasto en funcionamiento y el déficit fiscal del Gobierno nacional central, la necesaria simplificación del Estatuto Tributario, iniciativas para enfrentar la evasión y la elusión, así como diseñar un camino de fortalecimiento, o incluso de reforma, de la Dian; este proyecto carecía de creatividad para captar nuevos contribuyentes, pues del debate tributario ha estado ausente el tema de los informales pudientes, cuenta propia y profesionales.

La consecuencia de este paso en falso fue y es aún palpable: paros y bloqueos que, aunados al tercer pico de la pandemia en abril, provocaron drásticas caídas de los índices de confianza comercial e industrial en mayo, con leve recuperación en junio; así como la desaceleración del ritmo de crecimiento del PIB, que al primer trimestre había crecido 1,1 % respecto al mismo periodo del año pasado. Esto, desde luego, hace necesario, y no menos como muchos creen, una reforma tributaria, pues ya se veía necesaria una adicional cuando se presentó, se tramitó y se aprobó en 2018 la Ley de Financiamiento.

Con el ánimo de emendar el aparente error con el proyecto de reforma presentado en abril, el Gobierno hace un nuevo intento al radicar el pasado 20 de julio un proyecto de recaudo tributario, que no llega a reforma, con el sencillo, pero emoliente nombre de Proyecto de Inversión Social, el cual busca captar 15,2 billones al año y promete no afectar el bolsillo de las personas naturales ni modificar el IVA; en su lugar, las empresas pagarán más impuestos. Es una iniciativa que intenta conseguir algo de financiación y reducir la probabilidad de protestas en un año preelectoral, el cual estará marcado por la incertidumbre sobre quién llegará a ocupar la Casa de Nariño . n

* Director del Centro de Investigaciones y Consultorías (CIC) de la Universidad de Antioquia.