DIÁLOGO UNIVERSITARIO SOBRE EL GOBIERNO
Hace algunos días compartimos una interesante mesa de reflexión con participación del padre Hernando Uribe Carvajal, nuestro ilustre vecino de columna en el diario EL COLOMBIANO, y el doctor Luis Gabriel Botero Peláez, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Pontificia Bolivariana. Dos analistas, caracterizados por su agudo, pero constructivo espíritu crítico. De dicho diálogo, en el que se evaluó la situación actual del gobierno Iván Duque, me permito, con la venia de mis interlocutores, extractar algunas ideas más o menos coincidentes.
Teniendo en cuenta que en toda democracia el gobierno se elige a través de un procedimiento de voluntad popular, que es más afectivo y emocional que racional, el gobierno del Presidente Duque, en sus primeros meses de gestión, debe ser evaluado con altos niveles de aceptación, pues ha sabido recoger la inquietud principal de los colombianos, es decir, su preocupación por la polarización del país y de manera prudente y silenciosa, manteniendo intacta su autoridad como Presidente, ha tratado de abrir un nuevo esquema de convivencia, permitiendo que “las aguas corran naturalmente hacía un cauce de entendimiento y construcción”. No se trata de un Presidente desentendido, ni pusilánime, sino de un líder que con inteligencia y prudencia opta por dejar que las situaciones vayan tomando un nuevo rumbo de comprensión, a través de un diálogo permanente, sin forzar ni descalificar la conducta de partidarios ni contradictores.
Por ejemplo, frente a la solicitud del Eln de un cese bilateral del fuego, el Presidente se pronuncia de manera favorable, pero exigiendo la previa liberación de los secuestrados. Sobre las actuaciones de las disidencias de la Farc, el Presidente no entra a calificar la realidad de esos movimientos, pero es enfático en insistir que quienes no se acojan al proceso de paz, deben ser objeto de una implacable persecución militar, como efectivamente ha ocurrido. Con respecto a importantes proyectos, como el de reforma a la justicia, el gobierno cumple con someterlo a consideración del legislador, pero deja que las fuerzas del Congreso y otros actores de la justicia, sean quienes definan el camino y contenido definitivos. Igual sucedió con el proyecto de reforma tributaria, sobre el cual el Gobierno estimuló y permitió una amplia discusión entre las distintas fuerzas de la sociedad, sin forzar ninguna situación, ni acuerdo. Similar comportamiento asume con respecto a las investigaciones de la Fiscalía sobre distintos actos de corrupción cometidos desde o con el sector público, o sobre los procesos que adelanta la JEP. Incluso sobre los proyectos relacionados con medidas anticorrupción, el Gobierno, sin abandonar su liderazgo, ha querido que sean las fuerzas políticas del Congreso, quienes acuerden las decisiones finales.
Entre tanto, a través de su trabajo en los talleres de gobernabilidad y las visitas a los distintos municipios y sectores sociales, el Presidente adelanta un interesante plan de formación, tratando de incrementar los espacios de participación y de control, quizás con el propósito de ir diseñando nuevos escenarios para la democracia futura.