EL ACUERDO QUE FALTA
Podemos aceptar o rechazar el contenido y el procedimiento utilizado para refrendar los acuerdos suscritos entre el gobierno y las Farc, así como la declaratoria por la Corte Constitucional, de la exequibilidad del denominado mecanismo del Fast Track para su implementación, pero no puede olvidarse que los acontecimientos nacionales e internacionales, muestran que hay unos convenios vigentes para la implementación del cese del fuego, la conformación de las Farc como partido político y su incorporación a la vida civil, previa aplicación de la justicia transicional en los términos acordados.
Sin embargo, el país no puede ignorar otros acuerdos, comenzando por aquel que se debe desarrollar a través de una gran mesa de concertación con intervención de todos los sectores sociales, políticos, económicos, religiosos, académicos y cívicos. Se trata de un difícil y complejo pacto para detener la escalada endemoniada del flagelo de la corrupción.
En opinión de muchos analistas, durante la época republicana, Colombia ha debido soportar muchos males: La violencia institucional, legal e ilegal; la desigualdad, la falta de equidad en el campo y en las ciudades, la acumulación indebida o por lo menos injusta de la tierra, la exclusión de sectores sociales, además de los muchos males que ha dejado el narcotráfico.
Pero por encima de todos estos problemas, hay una enfermedad silenciosa que carcome la sociedad, que corroe los entes y órganos públicos y privados. Se trata de un monstruo de mil cabezas que se reproduce en la medida en que se le trata de controlar: Es el demonio de la corrupción.
Se expiden normas de distinta naturaleza para su control y erradicación. Nuevas disposiciones en materia penal, agresivos estatutos anticorrupción en materia de administración y contratación, modernas disposiciones fiscales para garantizar el debido manejo de los dineros públicos. En fin, aparente o realmente, hay un gran esfuerzo por parte de las distintas instancias del Estado y de la sociedad por controlar el mal, sin que se hayan obtenido resultados positivos. Reflexionemos, por ejemplo, en las normas sobre contratación pública, contenidas en la leyes 80 de 1993 , 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás disposiciones concordantes.
Todas ellas expedidas con un gran sentido de lucha contra la corrupción, algunas como verdaderos estatutos anticorrupción. No obstante, las estadísticas muestran que es precisamente bajo estas disposiciones que han florecido las prácticas corruptas y las maniobras ilegales.
No cabe duda que el país requiere asumir un compromiso más complejo. Un gran acuerdo nacional sobre prácticas de buen gobierno y civismo ciudadano, estructuradas sobre la redefinición de la sociedad a partir de su formación en valores.
Si no se logra implementar un acuerdo de esta naturaleza, la construcción de la paz para el posacuerdo, se derrumbará como un juego de cartas, y el sistema político, económico y social corre el riesgo de tomar el camino de algunos de nuestros países vecinos, en los que una nueva e incomprensible lógica de lo justo, ha desplazado un viejo orden institucional, con resultados sociales desastrosos.