EL CONCIERTO DE LOS SAPOS
El doce de mayo de 2016 es una fecha para no olvidar porque ese día los negociadores gubernamentales y las Farc, mediante el Comunicado 69, anunciaron un compromiso “para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final”, “asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano” y “dar garantías de cumplimiento” del mismo, en el marco de los derechos interno e internacional que –mediante usuales artilugios lingüísticos– se denominan como “...una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios”.
Lo “convenido” toca, entre otras materias, con diversas modificaciones al esperpéntico Proyecto de Acto Legislativo No. 04/2015 Senado, 157/2015 Cámara (aprobado en sexto debate el 22 de abril), como la introducción en la ponencia para séptimo debate –algo inconstitucional por vulnerar el principio de consecutividad– de un nuevo y muy confuso artículo transitorio de la Constitución (Punto I), según el cual el tenor de todo lo negociado se vuelve (¡óigase bien!) “un Acuerdo Especial” en “los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949”. Sin embargo, no se repara en que esa disposición solo se aplica a verdaderos rebeldes y alude al trato dado a prisioneros de guerra en conflictos armados no internacionales y, además, impone la obligación de no cometer los crímenes allí enlistados. ¡La consigna es “blindar” a los patibularios y no a las víctimas!
Además, y ello supone suplantar las funciones expresas de la Corte Constitucional (Montealegre se quedó corto cuando propuso darles estatus de convenio internacional a los pactos), se dispone que una vez entrado en vigor el “Acuerdo final” formará parte del bloque de constitucionalidad y sus contenidos serán “parámetro (sic) de interpretación y referente de desarrollo y validez de las Normas y las Leyes de Implementación y desarrollo” del mismo; se le da, pues, el requiem cantim pace a la Constitución de 1991.
Incluso, se crea un “procedimiento de ley aprobatoria del Acuerdo Especial” comprendidos los dispositivos para modificar el rito constitucional y tornarlo breve, manipulable y expedito. Así mismo, para evitar demandas públicas de inconstitucionalidad, se agrega al artículo 1°, literal j) del Proyecto de acto legislativo, que el control de constitucionalidad de La ley aprobatoria del Acuerdo Especial, “será único y automático” (punto II).
En fin, tras la conversión del Acuerdo Final en “Especial” el Gobierno deberá impulsar un acto legislativo para tornar en norma constitucional el “Acuerdo de la Jurisdicción Especial para la Paz de 15 de diciembre de 2015” (Punto IV) que, con sus borrosos 75 puntos, asegura la impunidad de quienes han pisoteado el ordenamiento jurídico penal, sin verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación. También, el Gobierno depositará el texto ante el organismo encargado de recibir las convenciones de Ginebra (puntos V y VI) y se compromete a que el Secretario General de la ONU le dé “la bienvenida” y ordene su incorporación en la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad.
Por eso, el ciudadano de a pie no entiende cómo –si el proceso de paz cobija a cuarenta y ocho millones de personas víctimas de los gravísimos embates de los delincuentes, incluidos los crímenes de Estado–, decisiones fundamentales como estas se le arrebatan al pueblo para dárselas a las minorías responsables de miles de gravísimos atropellos. Es más, tampoco comprende la razón por la cual las camarillas con sus tinterillos terminan por atribuirse poderes constituyentes.
Quedan así completos los instrumentos diseñados para introducir y “blindar” el Acuerdo Final con lo cual se supera, con creces, la normativa aprobada por el Reichstag alemán –el 23 de marzo de 1933–, mediante la que se legitimó el golpe de mano dado por Hitler para hacerse a las riendas del poder. Y algo más queda en evidencia: Otra vez los malhechores nos meten sus pringosos dedos en la boca, mientras los enormes sapos anunciados hace rato por el embaucador de turno croan felices porque el infecto les dijo que nos los íbamos a tragar.