El departamento de injusticia del presidente obama
Por Alec karakatsanis
El mes pasado, el presidente Obama usó su poder de indulto para reducir las sentencias de 46 prisioneros federales encerrados por cargos relacionados con drogas. Pero en los últimos seis años, su administración ha trabajado repetidamente detrás de escena para asegurarse de que miles de personas pobres, desproporcionadamente minorías, languidezcan en prisión federal por sentencias que las cortes, y hasta el mismo presidente, han declarado ilegales e injustificables.
El caso de Ezell Gilbert es simbólico de esta injusticia. En marzo de 1997 fue sentenciado a 24 años y cuatro meses en una cárcel federal por posesión con intención de distribuir más de 50 gramos de cocaína. Por causa de las leyes obligatorias de sentencia, el señor Gilbert automáticamente fue sentenciado a un cuarto de siglo en la cárcel, aunque hasta el juez que lo sentenció admitió que esto era demasiado duro.
En la lectura de su sentencia, el señor Gilbert notó un error legal que inapropiadamente aumentó su sentencia en aproximadamente una década, basado en una mala clasificación de una de sus previas ofensas. En 1999, sin abogado, presentó una solicitud buscando su libertad. Una corte falló en su contra.
Casi 10 años después, la Corte Suprema anunció su decisión en el caso de otro prisionero, confirmando que el señor Gilbert tenía razón. Un abogado de oficio le ayudó a presentar una nueva petición para su liberación inmediata a la luz de esta nueva decisión.
Sin embargo el Departamento de Justicia del Sr. Obama convenció a un juez federal de la Florida que aunque la sentencia del Sr. Gilbert fuera ilegal, tenía que permanecer en la cárcel porque los prisioneros no deben tener la posibilidad de hacer más de una solicitud por su libertad.
Una corte federal de apelaciones no estuvo de acuerdo, y en junio del 2010 tres jueces dejaron al Señor Gilbert en libertad. Los jueces rechazaron el argumento de la administración como una desviación de la justicia básica y explicaron que simplemente no podía ser ley en América que una persona tenga que cumplir una sentencia que todos admiten es ilegal. El señor Gilbert regresó a casa y se mantuvo fuera de problemas.
Hay muchas personas como el señor Gilbert en las prisiones federales americanas, personas cuyas sentencias ahora obviamente son ilegales. El Departamento de Justicia dijo que no quería una norma que permitiera a otros reclusos como el señor Gilbert retar de manera retroactiva sus sentencias que ahora son ilegales. Si las ‘compuertas’ se abren, demasiadas personas, en su mayoría pobres y negros, tendrían que ser puestos en libertad. La verdadera justificación es que la administración de Obama temió las ramificaciones políticas de miles de reclusos pobres minoritarios dejados en libertad a la vez alrededor del país, lo que el Juez William J. Brennan una vez llamó “temor a demasiada justicia.”
En mayo del 2011, la misma corte liderada por un grupo diferente de jueces, tomó el lado del juez original, diciendo que la “finalidad” de las sentencias es un principio demasiado importante como para permitir que los prisioneros sean dejados en libertad basado en su segunda petición y no en la primera, aunque la sentencia fuera ilegal. Un fallo contrario obligaría a las cortes a escuchar las quejas de demasiados otros reclusos. El señor Gilbert fue arrestado de nuevo y enviado a la cárcel a cumplir con su sentencia ilegal.
El juez Hill, un conservador que prestó servicio en la Segunda Guerra Mundial y fue nombrado por Richard M. Nixon, llamó ‘estremecedora’ la decisión y declaró que un “sistema de justicia que valora la finalidad por encima de la justicia está en bancarrota moral”. El juez Hill escribió que el resultado es “motivado por un departamento de los Estados Unidos que se llama, sin ningún rastro de ironía, el Departamento de Justicia”.
El juez Hill concluyó: “El gobierno da indicios de que hay muchos otros en la posición de Gilbert, sentados en una cárcel cumpliendo sentencias que fueron impuestas ilegalmente. Solíamos llamar ‘gulags’ a semejantes sistemas. Ahora, al parecer, los llamamos Estados Unidos”.
En el 2013, varios años después de enviarlo de regreso a la cárcel, el señor Obama indultó al Señor Gilbert.
Pero el señor Obama debería usar su poder de indulto para dejar en libertad a todos aquellos que están cumpliendo sentencias ilegales en una prisión federal. Y debería nombrar a un consejo especial permanente cuyo oficio sea revisar nuevas leyes y casos de cortes federales de manera continua para identificar y dejar en libertad a otros reclusos cuyas sentencias se vuelven ilegales de manera retroactiva.