¡EL DOLOR CONTINÚA!
Hace treinta años el horror, la sangre derramada y el llanto, se apoderaron de las vidas de muchos colombianos; el establecimiento, conducido por un presidente que solo sabía declamarles a las palomas, tambaleó y fue incapaz de enfrentar con grandeza la toma del Palacio de Justicia por parte de los patibularios del movimiento M-19.
En su lugar, la fuerza bruta y las políticas de tierra arrasada permitieron a miembros de las fuerzas del orden ―que ejercieron el poder de forma desmedida― sembrar más padecimientos cuando retomaron el sagrado recinto de la justicia. Con ello llegaron, también, torturas, muertes y desapariciones forzadas de personas.
Y, algo preocupante, los cadáveres de las víctimas fueron enterrados en cualquier fosa y con identidades caprichosas; se trataba de entregar los restos sin importar quiénes eran los deudos. Por eso, se acaban de identificar los cuerpos de tres desaparecidas y, en su lugar, otras personas engrosan la lista macabra porque sus cenizas se esfumaron.
Para acabar de ajustar, a algunos procesados tardíos (pese a que, legalmente, la acción penal ya había prescrito) a quienes ―de forma selectiva y calculada― se les ha endilgado responsabilidad penal por estos hechos monstruosos, han visto pisoteados todos sus derechos y hoy, con toda razón, claman también justicia.
Y qué no decir de la forma irresponsable como el Estado se ha defendido en el plano internacional (con las consiguientes condenas), mediante la asesoría de abogados incompetentes (que, eso sí, se saben lavar las manos muy bien) quienes, por supuesto, han cumplido la misión impartida por los negados detentadores del poder de turno.
Transcurridos estos largos años (después de ver el Palacio en llamas y escuchar, una y otra vez, el llamado del magistrado Alfonso Reyes Echandía que, como presidente de la Corte, pedía que los agentes del Estado cesaran el fuego), cabe volver a preguntar: ¿por qué ello no se hizo y el primer mandatario no quiso pasarle siquiera al teléfono? ¿Por qué no se escucharon las demandas de los terroristas y/o se negoció? ¿Por qué se sacrificaron, de forma bárbara e inútil, tantas vidas, incluidos los más preciados servidores de la Administración de Justicia patria?
Y también cabe interrogarse de nuevo: ¿por qué hemos sido incapaces de esclarecer a tiempo estos luctuosos hechos? ¿Por qué seguimos con las heridas abiertas y sangrantes? ¿Por qué tanto dolor y desesperanza? ¿Por qué solo se observan autoridades mediocres e ineficientes a la hora de esclarecer las responsabilidades compartidas de la Fuerza Pública y los alzados en armas?
Colombia, por supuesto, no se podrá reconducir como nación soberana y democrática mientras la verdad, la justicia y la reparación, no brillen en este y en los demás casos (en el camino, recuérdese, van a quedar miles de crímenes de lesa humanidad de las FARC, el ELN, los paramilitares y de servidores del Estado). El rumbo, pues, está perdido mientras, de la mano de conductores como los que han regido los destinos del país estos tres decenios, la política oficial sea solo la del olvido.
Así, no se debe hablar de paz ni reconciliación. No es posible cerrar este capítulo porque la justicia está postrada y envuelta en graves escándalos de ineficiencia y corrupción; de nada ha servido el ejemplo de los magistrados inmolados. ¡Su mensaje y legado han sido desdeñados!
Se cree que nombrando a los familiares de algunos sacrificados en cargos importantes o enalteciéndolos con falsas prebendas, se borran los atropellos y los sufrimientos; pero no, la consternación sigue, la patria está ardida y los desaparecidos todavía llaman desde las tinieblas. Las familias de los lacerados siguen con su triste cruz a cuestas y muchas preguntas sin responder.
En fin, cabe preguntar: ¿será necesario que el Fiscal de turno ordene exhumar otros cadáveres, cosa que se ha debido hacer desde hace mucho porque se tienen a disposición los despojos, para darse cuenta de que nuestros muertos y las víctimas claman justicia? .