Columnistas

El drama de Ituango, a su suerte

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01 de octubre de 2018

Las imágenes de violencia de los últimos 25 años en Ituango componen uno de los álbumes más aterradores del país. Tal vez apenas lo superen en brutalidad y encarnizamiento con la población civil los pasajes de El Salado y Catatumbo, de Urabá y el Atrato. Pero ninguno tan sistemático y profundo. Basta rememorar las matanzas de Santa Rita y de El Aro, y los bombazos y tomas del casco urbano y los retenes y asesinatos selectivos de los paramilitares.

Ahora son las bandas criminales (Clan del Golfo y Caparrapos), las disidencias de las Farc (frentes 18 y 36) y las escuadras del Eln, las que azotan a los habitantes de este municipio del Norte de Antioquia. Al deterioro del orden público se suma hoy la depresión económica que trajo la emergencia en la central Hidroituango, que limitó el flujo terrestre de pasajeros, de mercancías e insumos esenciales y la producción agrícola.

Las veredas están en manos de grupos armados ilegales que, además, se disputan con ferocidad el control de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en el anillo montañoso y selvático del Nudo de Paramillo.

En una visita a las veredas más alejadas de Ituango hace tres años, la gente relataba que para acceder a los rincones de Ituango, donde se recoge pasta de coca y luego se convierte en cocaína, había que dejar el celular y la cédula (o algún documento) bajo custodia del grupo armado dominante. También era necesario detallar la finalidad del ingreso a la zona y reportar la familia y el lugar donde se hospedarían los visitantes. Se requería esperar también un rastreo de antecedentes por parte de los “filtros de inteligencia” de bandas y guerrillas.

Ituango lleva ya casi 30 años golpeada por la ilegalidad y sus fenómenos, sin que haya sido posible que el Estado colombiano combata y desactive grupos de una capacidad desmedida de violencia e intimidación: violaciones, descuartizamientos, ejecuciones extrajudiciales, masacres, reclutamiento de menores, campos minados, saqueos y destrucción de caseríos, esclavitud moderna en los plantíos de coca, extorsión, destierros y expropiaciones.

Viejos y nuevos estadios del conflicto armado aparejados, por supuesto, a la pobreza de la acción y la inversión estatal. Sin vías de acceso, sin apoyo al campesinado, sin oportunidades de educación y capacitación y sin inserción laboral ni económica.

Si algún territorio de Antioquia requiere ver la capacidad de gestión e intervención del gobierno de Iván Duque, ese es Ituango. Con gente que se levanta aún a huir de las hostilidades y arbitrariedades de su extensa fauna criminal.