El fracaso de la intervención en las “ollas de vicio”
El Gobierno Nacional anunció en 2013 su compromiso –establecido en un plan de alcance nacional- para intervenir las “ollas de vicio” de todo el país y acabar con la reproducción de los lugares de expendio de drogas en las ciudades colombianas. La estrategia, que incluía, entre otras cosas, la captura de expendedores, la incautación de dosis e incluso la destrucción “física” de las casas de vicio en algunos casos, parece estarse quedando corta en sus resultados e incluso, ha generado nuevos problemas (o agravado algunos viejos) en las ciudades y pueblos donde la Policía y las administraciones municipales –azuzadas por la orden presidencial- continúan aplicándola.
En Medellín, el centro de la ciudad –particularmente el sector de Barbacoas- han sido intervenidas para, dicen sus defensores, acabar con las casas de vicio y el microtráfico en la zona. De acuerdo a Corpades, en la ciudad aún se pueden identificar unas mil ollas de vicio, según reportó hace unos días El Colombiano (11/07/2015).
El fracaso de las intervenciones de las olas de vicio da cuenta, sobre todo, de la visión simplista que la aproximación tuvo del problema. De hecho, no todas las ollas son iguales y sus diferencias determinan su capacidad para moverse de un lugar a otro, evadir a las autoridades, esconderse de la vista institucional o permanecer en el tiempo sin muchas dificultades. En efecto, existen desde las casas de consumo del Centro y Aranjuez, hasta las ollas de venta normalizada del Barrio Antioquia.
Ahora bien, el primer elemento que no tuvo en cuenta la iniciativa del gobierno Santos fueron los efectos colaterales de sus acciones. Así, las intervenciones en el sector de Barbacoas en Medellín acabó con varias de las ollas que allí funcionaban, pero desplazó a una población de habitantes de calle que consumía dentro de esas casas de vicio a otras calles del Centro, a la Minorista y sobre la vía Regional. La atención de esta población –que hay que reconocer, no es nada fácil- ha sido deficiente, en el mejor de los casos, dejando la sensación de que ni la Policía, ni la administración municipal estaban preparadas para ese efecto colateral de cerrar las ollas.
El segundo elemento ignorado por la intervención fue la naturaleza territorial de las ollas como fuentes de rentas ilegales para las bandas criminales y los combos delincuenciales. De esta forma, en tanto las ollas son también una forma de controlar un territorio y un bien preciado en la competencia por la hegemonía ilegal del bajo mundo de la ciudad, acabar con los lugares “físicos” de la venta poco hace por desincentivar el negocio, mucho menos, la importancia del lugar para el control territorial. De allí, la capacidad de regenerarse o desplazarse de los expendios de droga.
Y finalmente, ignoró que en algunos casos las ollas son ante todo negocios familiares, casi tradicionales, y que se encuentran normalizados en algunos barrios y sectores de la ciudad. Por eso los operativos en el Barrio Antioquia –cuando las autoridades se han atrevido- terminan en asonadas o desórdenes; la legitimidad comunitaria de las ollas, sus operadores y sus dueños, sigue venciendo a las autoridades en la competencia por los corazones y bolsillos de esas comunidades.
Seguir ignorando estos tres elementos condenará cualquier esfuerzo futuro de intervención de las ollas de vicio, a un nuevo fracaso.