El misterio envuelve al homicidio
De 100 homicidios que acontecen en Colombia, la administración de justicia penal logra avances en más o menos una cuarta parte. En 75 de 100 asesinatos imperan el misterio y la injusticia; los resultados: las víctimas silenciadas, los asesinos impunes, la muerte sin censura, la justicia por el piso y la sociedad como si nada, normal.
Los datos fueron presentados en el foro “Seguridad ciudadana en Colombia: retos y perspectivas”, que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2018 en la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación reveló datos gravísimos. Se expuso que, en el nivel nacional, el ente acusador sólo logra realizar imputaciones en 26 por ciento de los homicidios. A partir de esa fase inicial del proceso penal, los resultados son peores: los casos que llegan a acusación son necesariamente más limitados; siendo aún menos los que llegan a condenas. Puesto de manera sencilla: en Colombia se mata mucho y la justicia hace poco.
Por concentración poblacional, la mayoría de los homicidios acontecen en zonas urbanas. Aproximadamente, el 70 porciento de los homicidios que conoce la Fiscalía tienen lugar en ciudades. La capacidad de esclarecimiento y de atribuir responsabilidades debería ser mayor en contextos urbanos; en principio, la Fiscalía cuenta con todos los recursos necesarios y no enfrenta barreras de acceso al territorio.
Si bien, en ciudades como Bucaramanga e Ibagué se confirma esa hipótesis –reportando la Fiscalía que logra imputación en más o menos la mitad de los homicidios– hay otras ciudades, como Cali y Medellín, que están por debajo del promedio nacional. En Cali, solo 13 de 100 homicidios llegan a la fase de imputación; mientras que en Medellín, 22 de 100 homicidios son imputados. Estos penosos resultados preocupan aún más debido a la alta incidencia del homicidio en esas dos ciudades capitales. En ambos casos, la prevalencia del asesinato va de la mano de la debilidad de la justicia, creando una viciosa espiral de muerte, misterio e impunidad.
Por otro lado, la situación en las zonas rurales confirma, una vez más, que el Estado es débil en el campo y que los campesinos no cuentan con el mismo nivel de protección y garantía de derechos que los citadinos. Según los datos presentados, solamente el 17 por ciento de los homicidios reportados en zona rural son imputados. El resto quedan sumidos en la marginalidad del campo. Además, cabe enfatizar que el número de homicidios que tiene lugar en zona rural es mucho mayor al reportado. Buena parte de los asesinatos rurales ni siquiera son registrados en los conteos nacionales: son literalmente asesinatos ignorados.
El misterio que ampara los homicidios contribuye a explicar la estabilización de la violencia letal como forma de control social. Ante hechos que rompen con el orden social (como los homicidios), la violencia engendra más violencia cuando los mecanismos formales de control social no operan. Ante la ausencia de justicia formal, se activan perversos mecanismos informales, que incluyen: la justicia a mano propia (ojo por ojo), imposición de códigos criminales (el que la debe la paga), acción comunitaria violenta (linchamientos), vigilantismo y promoción de justicia privada (escuadrones de la muerte), e instalación de regímenes de violencia (grupos armados que controlan territorios y comunidades).
En la medida en que el misterio siga cobijando los homicidios, continuaremos sumidos en una espiral de violencia.