el sainete de pretelt y bedoya
Que al magistrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, lo investigue el congresista y presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya Pulgarín, resulta tan inconcebible como que al presidente de una prestante junta médica de especialistas, al más alto nivel, lo investigue por sus actuaciones profesionales un tegua; es decir, alguien que dice ser médico pero no lo es.
Es que el mencionado congresista le dijo a Yamid Amat, en entrevista transmitida el pasado lunes 2 de marzo, que él sí es abogado, pero el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Juan Carlos Vásquez, sostuvo que Bedoya no es abogado, por lo menos de esa institución, y que estudió allí hasta 2009, cuando abandonó sus estudios “voluntariamente”.
Hay que observar que Bedoya no tenía impedimentos para haber sido elegido congresista ni tampoco para ser hoy el presidente de la Comisión de Acusación.
La paradoja está en que a un magistrado que estudia, defiende y sienta doctrina con base en la Constitución Política de Colombia, desde una corte que reviste tal majestad, tal nivel de comprensión del Derecho, lo valore y lo examine por sus conductas un aprendiz, un estudiante que todavía debe varias materias.
Es que hablamos de una Corte por la que han pasado lumbreras como Álvaro Tafur Galvis, Marco Gerardo Monroy y Manuel José Cepeda.
Claro que el nivel de las inconsistencias en este caso es de doble vía: Pretelt hace parte de una generación de magistrados de las altas cortes a los que los rondan cuestionamientos decepcionantes. Cito a un vecino en este diario que conoce los círculos del derecho en Bogotá: “cómo será que al Consejo de Estado, en los ambientes de la dirigencia, lo llaman ‘La Casa de la Moneda’ (¡!)”. Así de mal andamos.
Sirva esta coyuntura para decir que Julián Bedoya preside uno de los organismos más ineficientes que conozca la institucionalidad colombiana: desde 1992 hasta 2014 recibió 3.496 denuncias, 56% archivadas y 44% sin resolver. “Un fiasco histórico”, según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Por eso, entre las sindicaciones a Pretelt, de exigir pagos para decidir el rumbo de tutelas, y las actuaciones de Bedoya, expulsado de la Policía, y alumno desaventajado de derecho, hay mucha tela no para cortar una toga sino para tejer el entramado de una justicia y una política desacreditadas. Esa coyunda, esa relación cuasi marital, de los últimos 15 años, que ha mantenido al país tantas veces al filo del escándalo, del titular de prensa y de la “hecatombe” .