El siguiente blanco de Trump: Inmigrantes Legales

Por TUNG NGUYEN Y SHERRY HIROTA
redaccion@elcolombiano.com.co

Cuando Kam Tam llegó de China a Estados Unidos a la edad de 16 años hace 50, hablaba poco inglés, tenía la boca llena de dientes podridos y tuberculosis activa, y pesaba solo 96 libras. Con perseverancia y un poco de ayuda, recuperó su salud. Los proveedores de su centro de salud comunitario financiado con fondos públicos en San Francisco le sacaron cuatro muelas y curaron su tuberculosis.

Fue el carácter inculcado por sus padres lo que lo llevó a la universidad. Tam hoy es un exitoso hombre de negocios y farmacólogo que ha pagado a la sociedad por el apoyo que él y su familia recibieron. Continúa generosamente retribuyendo donando sus servicios profesionales y recursos financieros a familias vulnerables en Oakland.

Sin embargo, bajo una regla propuesta la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional, los inmigrantes legales podrían perder la oportunidad de convertirse en una historia de éxito como Tam porque usaron los beneficios del gobierno a los que tenían derecho. La administración de Trump quiere que se le niegue la residencia legal permanente, también conocida como estado de tarjeta verde, a un mayor número de inmigrantes legales por haber recibido asistencia pública.

Una versión más restringida de esta regla ha estado en vigencia por años. En la actualidad, a los inmigrantes se les puede negar tarjetas de residencia si se considera que dependen de la asistencia monetaria del gobierno para más de la mitad de sus ingresos. Pero la administración de Trump ha propuesto ampliar el alcance de la norma para denegar potencialmente las tarjetas verdes a los inmigrantes que han utilizado una gama mucho más amplia de beneficios públicos no monetarios.

La nueva regla potencialmente retendría la residencia permanente de alguien que haya usado servicios sociales como Medicaid; Medicare Parte D, que ayuda a las personas mayores a pagar medicamentos recetados; cupones de alimentos; y vouchers de vivienda de la Sección 8.

Incluso los inmigrantes que recibieron cantidades relativamente pequeñas de asistencia por períodos cortos ahora pueden considerarse “cargos públicos” y no ser elegibles para tarjetas de residencia. En el peor de los casos, a los inmigrantes legales que han construido vidas en este país se les puede negar el estatus legal permanente y separarlos de sus familias. La propuesta podría convertirse en definitiva después de un período de revisión pública de 60 días.

Tratar a los inmigrantes como cargos públicos se basa en el principio injusto de que el ingreso y la riqueza determinan el valor de uno para la sociedad. Los inmigrantes que siguen las reglas, pagan impuestos y contribuyen a sus comunidades ahora podrían arriesgarse a la deportación si no tuvieran suficientes ahorros para sobrevivir a emergencias imprevistas. Podrían verse obligados a elegir entre la atención médica y la comida y la oportunidad de permanecer en este país.

Un gran número de familias inmigrantes podrían verse afectadas por este cambio. Se estima que 3.8 millones de asiático-americanos e isleños del Pacífico y 10.3 millones de hispanos viven en familias en las cuales al menos un miembro ha utilizado uno de estos servicios. Y hay 10.5 millones de niños en los Estados Unidos en familias que reciben beneficios públicos que tienen al menos un padre no ciudadano, de acuerdo con el Instituto de Política de Migración. Nueve de cada 10 de estos niños son ciudadanos nacidos en el país y sus familias podrían ser destrozadas si se considera que un padre es un cargo público y no puede permanecer en el país.

El temor a la regulación propuesta, que se había rumoreado durante meses, puede haber disminuido la demanda de servicios. Las clínicas comunitarias de atención urgente han tenido pacientes que solicitan que sus historias clínicas sean removidas, y algunos inmigrantes se han negado a inscribirse en programas de asistencia alimentaria, citando preocupaciones sobre la deportación y la separación familiar. Sin evaluaciones y acceso a tratamientos, serán vulnerables al asma, problemas de visión, presión arterial alta, cáncer y trastornos de salud mental.

Un cuerpo robusto de investigación muestra que los inmigrantes legales fortalecen nuestra sociedad. Los inmigrantes tienen una mayor tasa de participación en la fuerza de trabajo que los estadounidenses nativos. Los no ciudadanos usan programas de asistencia social a niveles mucho más bajos que los nativos. Las familias inmigrantes tienden a utilizar menos servicios de salud que los no inmigrantes, según muestran los estudios.

Debemos defender nuestra identidad como una nación que comparte una visión y valores comunes, que se fue construida con base en el trabajo duro, las familias fuertes, el respeto y la bondad.