Escarnio público
Es claro que todos los que aspiran a un cargo público de elección popular tienen derecho a hacer sus campañas buscando ganarse al pueblo. Los candidatos de la Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no son la excepción a esta regla. La democracia así se los permite, confirmando aquel argumento que tantas veces se esbozó durante la negociación de La Habana: preferirlos echando discursos en vez de balas.
El problema es que esos candidatos no tienen la credibilidad necesaria para que la gente los acepte en la política. Ahí es donde aparece el escarnio público como reflejo de la incomodidad e indignación profunda que ha creado el hecho de verlos jugar a la política.
Entonces, los gritos de “asesinos y criminales” que les han chantado podrían interpretarse como acciones legitimas dentro del debate democrático.
La razón es sencilla: son la antítesis a las arengas de apoyo que les darían a aquellos candidatos a quienes sí les creen. Además, tienen la capacidad de influir profundamente en la dinámica política al portar un mensaje claro: les falta pagar por lo que hicieron y hasta que no lo hagan no serán aceptados como representante de la voz del pueblo. Como dice el analista Pedro Medellín, hay una clara sentencia de exclusión social y se necesita mucho tiempo para que aparezca un halo de confianza y credibilidad que permita la aceptación en el curubito de la democracia.
Ahora bien, tristemente la política en Colombia es un asunto de alto riesgo. La historia así lo confirma. Por eso, lo importante es que ese rechazo absoluto a las Farc en la política que se viene dando y que muy probablemente se mantendrá como una constante, no se convierta en un hostigamiento o un constreñimiento y mucho menos se transforme en actos violentos, porque hay una delgada línea que divide los gritos y uno que otro huevazo, de las acciones que puedan comprometer la integridad de estas personas.
Una cosa es la protesta y otra, la violencia. Eso lo debemos entender, pues de llegar a pasarles algo de lamentar a sus candidatos, las Farc cobrarían el derecho a catalogarlos como mártires. Pasarían de victimarios a víctimas y los colombianos terminaríamos debiéndoles. Eso sí que enrarecería el ambiente y distorsionaría la historia.
Entonces, ante la ausencia de justicia para evitar la impunidad de sus actos y evitar que la política sea un regalo gubernamental, la opción del voto resulta clave, porque permitiría ratificar que Colombia los quiere lejos de las decisiones que orientan al país.