Estudios y decisiones

Un editorialista económico ponía de presente que regularmente se dedican recursos gubernamentales para que un grupo de expertos adelanten estudios económicos que, en la mayoría de los casos, no terminan teniendo mayor impacto en las políticas públicas.

Según el editorialista, esto constituye un desperdicio de recursos y esfuerzos, pues el destino final de los estudios son los anaqueles de las entidades oficiales.

Le asiste la razón al editorialista cuando señala que, en sana lógica, los análisis y los estudios de los expertos deberían servir de fundamento a las decisiones de los hacedores de política, pues estas estarían más ilustradas y sustentadas.

Sin embargo, en el caso de los economistas, por ejemplo, se tiene claro que cuando se trata de la política pública se entra en el dominio de la economía política, en donde no solo bastan los argumentos basados en los estudios, las cifras y la teoría económica, sino que también hay que tener en cuenta los intereses y los objetivos de orden político.

Es el juego de estos elementos el que determina, al final, qué decisiones de política pública se adoptan.

Es evidente que a los estudiosos, llámense investigadores, analistas o consultores, les interesa que sus estudios y recomendaciones tengan repercusiones en las decisiones de política pública. Ello es aún más importante en el caso de los países en vías de desarrollo, como es el caso de Colombia.

De allí que, en muchos casos, se busque que haya una divulgación amplia de los estudios y de sus resultados, que no sólo incluye su publicación sino también la presentación y los debates públicos de los mismos.

Esto hace que un mayor número de personas (incluidos los hacedores de política) se enriquezcan con el conocimiento generado, al tiempo que permite que la calidad de los debates y las discusiones mejore.

En el caso del sector agropecuario y rural, por ejemplo, en años recientes se han tenido diversos estudios y misiones que no sólo han actualizado y profundizado el nivel del conocimiento acerca de las problemáticas sectoriales, sino que han puesto sobre la mesa diversas opciones de solución a las mismas.

El hecho de que algunas de las autoridades del sector hayan estado (por decir lo menos) poco dispuestas a tomar en cuenta dichos estudios y sus recomendaciones, no les quita el valor de estos en lo que tiene que ver con mejorar el conocimiento y la comprensión de los problemas que se enfrentan y sus eventuales soluciones.

Aunque el destino final de estos estudios (como son, entre otros, el de la Ocde sobre la agricultura colombiana y el de la Misión para la transformación del campo sobre el desarrollo rural) terminen siendo las frías bodegas de la burocracia pública, sin duda en el país hay, en la actualidad, un mayor y mejor conocimiento sobre las realidades que se enfrentan.

Además, cabe la posibilidad de que las campañas y los candidatos presidenciales los tomen en cuenta para sus propuestas de política y de que, el que salga elegido como Presidente de la República, adopte algunas de sus recomendaciones.