¿FISCAL AD HOC? ¡NO!
Todo un sainete ha sido la elección de las personas llamadas a ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación. En efecto, por él han desfilado políticos mañosos llamados a corromper de forma aleve la administración de Justicia, asesores de empresarios cuestionados, personas sin ninguna preparación académica, aventureros dispuestos a vender su alma al diablo, o personajes expertos en saquear el erario como sucedió con la escandalosa feria de contratos de la anterior administración.
Eso también sucede con el servidor público actual: mientras más se profundiza el escándalo de corrupción que lo envuelve y arrastra a todo su entorno, más estupor siente la comunidad cuando conoce los progresivos detalles sobre las posibles conductas punibles realizadas para resguardar intereses umbrosos. Por supuesto, también indigna la cortina de humo tendida para silenciar las denuncias, con el socorrido argumento de que si se le cuestiona “peligran” las instituciones y es necesario “fortalecer” el Estado de Derecho; es más, cuando desde altas esferas se dice que dicho funcionario, por lo menos, “dio la cara” en atención a lo cual le dan cálidos espaldarazos para que siga imperturbable al frente del timón y pueda invocar una imaginaria conspiración.
Sin embargo, debe señalarse, los problemas de la justicia penal no pasan solo por la discutida persona ya mencionada, a quien el anterior desvergonzado gobierno propuso para desempeñar esa dignidad y cuyo nombre, recuérdese, fue avalado por la infecta clase política, la cúpula de la administración de Justicia y ciertos grupos de poder. Quienes lo impulsaron y eligieron, sabían muy bien de quién se trataba y, ahora, no pueden seguir impasibles como si no fuera evidente que tienen que asumir sus propias responsabilidades.
Desde luego, para nadie tampoco es un secreto que la máquina descompuesta que todo lo controla, les posibilita a muchas de esas personas gozar de la más absoluta impunidad porque su juez natural -la llamada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes- es absolutamente inoperante y está al servicio de quienes controlan el poder político y económico. Personas aforadas como ellas, pues, a lo sumo se exponen a una sanción moral y, como nadie las investiga y condena, siempre se amparan en la “presunción de inocencia” y el “beneficio de la duda” que exigen con vehemencia.
Por ello, lo que dirigentes decentes deben jalonar hoy es un cambio profundo del país y de la administración de justicia penal, para que jueces probos escruten a los cuestionados y lleguen hasta las recónditas profundidades investigativas exigidas por el caso Odebrecht que, con su danza macabra de millones, alcanza a empresarios y a miembros de la clase dirigente que no pueden pasar de agache, incluido el funcionario citado quien tiene que renunciar ya.
En un verdadero Estado social y democrático de Derecho, pues, la persona nominada para desempeñarse como Fiscal General de la Nación debe ser intachable, porque sobre sus hombros descansa la función suprema de acusar a los infractores de la ley penal ante los jueces de la República y es la titular de la acción penal. Por eso, semejante oficio solo puede ser desempeñado por un jurista con una comprobada formación en el campo del Derecho penal, con precisas dotes de administrador y reconocidas vocación ética y humanista. Tan alta dignidad, entonces, no se le puede encargar a seres proclives a la mentira y cínicos de profesión, en todo caso indignos porque no están en condiciones de ejercer con independencia, honestidad e imparcialidad sus funciones.
Así las cosas, la petición del Fiscal General, la Vicefiscal (¡cuya ineptitud salta a la vista!) y el Procurador General, para el nombramiento de un Fiscal ad Hoc aceptada el pasado jueves por la Corte Suprema de Justicia, es una propuesta desesperada que -sin fundamento constitucional y legal- solo le ofrece un tanque de oxígeno a quienes se ahogan en la batahola para que la tarea libertina del pestífero establecimiento continúe su marcha triunfal.