Fotomultas al banquillo
En noviembre de 2011, apenas cuatro meses de iniciada la medida en Medellín, fui sorprendido con mi primera fotodetección. Había despertado con tres o cuatro problemas de trabajo que rondaron en mi almohada, y olvidé la restricción de pico y placa. No solo acaté las consecuencias de la infracción, sino que esa misma semana escribí una de mis columnas, ponderando el compromiso ciudadano con una circulación responsable en las vías, y la oportunidad de ese mecanismo para avanzar en la formación de la “inteligencia vial”.
Pero la medida se ha vuelto polémica, y con toda la razón. Son cada vez más las voces que se alzan en protesta por los atropellos cometidos por la administración del sistema. Para muestra, un botón de mi camisa: el pasado 20 de noviembre recibí a través de mi correo electrónico notificación de Proceso de Cobro por concepto de fotodetección con fecha del 20 de junio de 2015. El aviso venía con una atrevida advertencia: “La Secretaría de Movilidad de Medellín comenzará el proceso de cobro de la obligación que lo llevará al embargo de su salario, bienes muebles e inmuebles, vehículos y cuentas bancarias”. Ya no había oportunidad de hacer el curso pedagógico para rebajar el monto anunciado de $ 644.340 más intereses de mora. Aunque mi registro del Runt había sido actualizado en septiembre de 2014, la notificación inicial la habían devuelto de una dirección donde trabajaba tres años atrás. Utilizaron mis datos de ubicación -correo electrónico y mensaje de texto- solo cuando se había iniciado un Proceso de Cobro, y no para avisarme, a tiempo, que mi notificación no había sido recibida.
Salí asustado a cancelar la multa. Pero alguien me detuvo con argumentos legales. Supe entonces que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado habían emitido fallos y sentencias que señalaban, como condición para hacer efectivo el cobro de las fotomultas, que fueran notificadas previamente al supuesto infractor, por correo electrónico, en un plazo máximo de tres días hábiles siguientes a la infracción. De no ser así, se presumirían nulas. Hasta la fecha, con Derecho de Petición desatendido, mis trámites de reclamación siguen siendo una pesadilla en las taquillas de atención de la oficina de movilidad en Medellín, y hay una amenaza persistente, tanto en el correo personal como en los mensajes de texto, de que es inminente el cobro judicial.
Como lo que prevalece es el negocio, no está dentro de la ética informar oportunamente a los usuarios, sino sorprenderlos para que, incautos, tengan que asumir un costo mayor de la sanción. Tremendo machete. Hay clara malicia en la instalación de algunas cámaras, como las ubicadas en el kilómetro cinco de la carretera las Palmas y cuatro kilómetros antes del Túnel de Occidente, tramos en los que los conductores toman el ritmo de la que sienten como velocidad normal de la vía, que no es sesenta kilómetros por hora.
Las fotomultas siguen siendo una oportunidad para la ciudad, pero deben ajustarse al debido proceso para informar a los infractores. Es un sistema que necesita más pedagogía, más utilidad práctica en la seguridad de los ciudadanos, más lógica en los límites de velocidad establecidos para cada uno de los sectores de la ciudad, y, más que un negocio lucrativo para particulares, tiene que ser un programa de formación ciudadana. En algún momento deberá hacerse un corte para rectificar las condiciones de los contratos con las empresas prestadoras del servicio, y frenar los abusos denunciados. Infortunadamente, todavía no ha llegado quién le ponga el cascabel al gato.