Columnistas

Gremios y nuevo Gobierno

29 de junio de 2018

En esta semana, el diario económico La República publicó un artículo en el que se recogían los principales pedidos que los gremios agropecuarios le están haciendo al nuevo Gobierno. Entre los pedidos hay solicitudes para que se adopten medidas de tipo coyuntural y hay otras que se enfocan hacia los problemas estructurales del sector.

La lista deja ver que desde el sector privado agropecuario no existe un consenso sobre la ruta de crecimiento y desarrollo que la agricultura colombiana debería transitar de cara al futuro.

La claridad sobre el carácter de dicha ruta debería convertirse en el principal insumo para debatir, con el nuevo Gobierno, las bases y el contenido del plan de desarrollo 2018-2022 en materia sectorial y de las políticas públicas que deberán implementarse en el cuatrienio.

Es claro, por ejemplo, que el sector todavía se debate entre una agricultura protegida de la competencia internacional y otra que busca nuevas oportunidades de desarrollo a través de la apertura de mercados y el fortalecimiento de su capacidad competitiva.

De allí que varias de las actividades de sustitución (como son, entre otras, el arroz, el maíz y la leche) piden el control de las importaciones, la no modificación de los contingentes de importaciones y la mejora en la comercialización de la producción interna.

A esto se le agrega el caballito de batalla de la rentabilidad que históricamente han tenido los gremios del sector y muy especialmente los que se benefician de la alta protección arancelaria (y no arancelaria) y de los diversos apoyos y subsidios. Estos, en algunos casos, también han beneficiado a ciertos bienes de exportación, como el café.

En pleno siglo XXI, en donde el conocimiento, la tecnología, la creatividad y la innovación caracterizan la marcha de la actividad económica y de los negocios, los gremios del sector agropecuario pretenden, al igual que pasó en décadas pasadas, que se establezcan medidas de política pública que les aseguren y mantengan la rentabilidad de sus negocios.

No hay que olvidar que el actual Gobierno, bajo la presión de los productores y las amenazas de paro y bloqueo de vías, está estudiando la viabilidad de imponer un precio mínimo de compra del arroz. Por su parte, los paperos esperan frenar las importaciones de papa industrial, que poco o nada afectan el mercado de la papa para el consumo humano directo, argumentando un supuesto dumping.

Al mismo tiempo, los gremios agropecuarios se refieren a medidas más de corte estructural como son la seguridad jurídica, el estímulo a la inversión privada, la generación de bienes públicos y la consolidación de un modelo agroempresarial.

Estos son elementos que apuntan hacia la conformación de una agricultura altamente productiva y competitiva que es, valga decirlo, la que responde al escenario propio del presente siglo y a las megatendencias globales. Además, ella constituye la antítesis de un sector en donde prevalezcan la protección y los subsidios y que representa la añoranza de un pasado que creemos ya superado.

Un desarrollo vigoroso de la agricultura colombiana requiere de un sector privado plenamente vinculado al escenario global.