Guardianes de la Bahía
Ante la ausencia de la autoridad en los temas ambientales, sigue sola la sociedad civil ejerciendo sus derechos. Si cerca de la mitad de los ecosistemas de montaña y sabana en Colombia están amenazados de extinción por actividades agropecuarias de acuerdo al último reporte del Instituto Alexander von Humboldt 2015, qué podríamos decir de la otra desconocida mitad de Colombia, perteneciente a ecosistemas costeros y marinos. Allí los peligros son mayores.
La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera y la construcción de nuevas ciudades y puertos marítimos pequeños, medianos y grandes multipropósito para el manejo de carga general o de carbón o petróleo en los ya escasos manglares colombianos, son la causa de los nuevos conflictos ambientales y sociales del presente y futuro muy cercano. Ante la ausencia o silencio de dicha autoridad, la vigilancia y organización civil para la protección de su territorio siempre es la salvación.
El otorgamiento y revocatoria de la licencia para el desarrollo y operación de un puerto de carbón en gran parte del Distrito de Manejo Integrado (DMI) de la Bahía de Cispatá, donde está prohibida la construcción de obras de infraestructura de alto impacto, como son los puertos, o el posible otorgamiento de la licencia por parte del Anla en Punta Bello, en el municipio de San Antero, Córdoba, será el nuevo botón, y por lo tanto el nuevo conflicto, similar al ya desatado y recordado al de Caño Cristales, que le costó la salida al ministro de Ambiente y al director del Anla anterior.
De acuerdo con Cortés-Castillo y Rangel-Ch. del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, en Colombia los manglares cubren aproximadamente 371.000 hectáreas, de las cuales 283.000 se localizan en la costa Pacífica y 88.000 en la costa Caribe (Sánchez-Páez et al. 2000b). Y de acuerdo a (Prahl 1990, Botero & Mancera 1996, Monroy-C. 2000) los bosques de mejor desarrollo se presentan precisamente allí, en la antigua desembocadura del río Sinú, en el departamento de Córdoba, en la espectacular Bahía de Cispatá o en su vecino San Antero, que posee características únicas y distintivas, con condiciones de conectividad entre el mar y la tierra, cuna de espectaculares especies de aves y reptiles como el caimán aguja o cocodrilo acutus.
¿De qué sirven los recursos invertidos por el propio Minambiente y sus institutos de investigación para definir y delimitar las Unidades Ambientales Costeras, así como de sus procesos de Manejo Integrado Costero, si de un plumazo las propias autoridades ambientales, del mismo Ministerio y Cars desconocen estas figuras de conservación a través del otorgamiento de licencias o permisos ambientales no permitidas en estos territorios?
¿En dónde están los funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Anla y de las CAR que se oponen con criterios científicos y técnicos a estos proyectos? Ese es el ejercicio de la autoridad pública, contarle a la sociedad las razones técnicas o jurídicas de sus decisiones. ¿Cuáles son las discusiones abiertas y francas sobre la importancia e impacto sobre estos territorios? ¿En dónde están los conceptos de los biólogos o expertos marinos y costeros de los institutos de investigación que recomiendan su no construcción? En este país cabemos todos, tanto los que desean como los que no. ¿En dónde está la ciencia y el conocimiento como soporte a los pensamientos y palabras?
Una de las deudas más grandes que tiene el Ministerio de Ambiente, el Anla y las CAR es la transparencia y verdad. El reporte y rendición de cuentas periódica, abierta y visible, sin que los ciudadanos debamos recurrir a la figura de derecho de petición, ante la creciente solicitud de licencias ambientales y permisos para el aprovechamiento y destrucción los ecosistemas estratégicos, es una obligación.
Ante la ausencia de profesionales autónomos con criterio, se reafirma un ancestral y tradicional oficio de origen indígena llamado guardianes del agua, de los bosques, de las aves o de la bahía.