¿Hacia dónde vamos?
Pocas veces un Gobierno tiene a su disposición para la formulación de la política agrícola y rural un arsenal de estudios y agendas de acción tan amplio y actualizado como el que existe en Colombia hoy.
No hay que olvidar que se cuenta con el informe de la Ocde sobre la política agrícola y con el de la denominada Misión Rural, así como con estudios especializados de diversas entidades y de varios expertos y con el acuerdo de La Habana en materia rural.
Ello lleva a pensar que, con base en este acervo de conocimiento y recomendaciones, las decisiones que se están adoptando por parte de las autoridades sectoriales parten del reconocimiento de la problemática que se enfrenta, que responden a que se tiene claro el norte que debe seguirse y que las mismas se caracterizan por su coherencia y solidez.
En fin, como ocurrió con el sector de la infraestructura, que se sometió a una profunda transformación institucional y a sus reglas de juego, lo que le ha permitido su modernización, el país debería estar incubando la gran metamorfosis del campo colombiano.
El reto que se tiene por delante es de gran magnitud pues, ad portas de un eventual posconflicto, las decisiones que se adopten en materia agrícola y rural son determinantes para que, efectivamente, los colombianos podamos hacer realidad la anhelada paz.
Adicionalmente, y como lo muestran los estudios anteriormente reseñados, en materia de desarrollo agrícola y rural, Colombia no solo “ha padecido las consecuencias de la adopción de unas políticas deficientes”, sino que se “afrontan importantes desafíos estructurales”, además de que “el marco institucional de la política agrícola presenta importantes debilidades”.
En este orden de ideas, es bueno verificar si las políticas adoptadas hasta el momento obedecen a las radicales transformaciones que plantean los estudios y las agendas.
Para comenzar, y como se indicó en esta columna, el Gobierno contrapuso a la Misión Rural el programa Colombia Siembra con el que se espera sembrar un millón de hectáreas de aquí al final del actual período presidencial, algo que en el pasado al país le tomó diez años. Infortunadamente, hasta ahora poco se conoce de cómo, un sector con las debilidades y la problemática que enfrenta, es capaz de hacer realidad semejante hazaña.
De otra parte, la reforma institucional que hasta el momento se ha adoptado en materia agrícola y rural, está lejos de tener el alcance y la profundidad que plantean los estudios. Más aún, en muchos aspectos se mantienen las mismas limitaciones e incoherencias institucionales que se supone deberían removerse.
El discurso oficial y el articulado de la Ley Zidres se contradicen sobre el tipo de desarrollo que se quiere alcanzar y en cómo se va a asegurar la participación de la inversión privada en el tipo de iniciativas que supuestamente promueve la Ley.
En contraposición a la perorata gubernamental que habla de que se están adoptando medidas “trascendentales” que implican “profundas” transformaciones para hacer de Colombia “un país moderno” y “un territorio de paz”, en materia agrícola y rural no se registran mayores avances en esta dirección..