¿Imposible reformar la Justicia?
Coincido con Antonio Navarro Wolf cuando afirma que, debido a los fallos con poder desbordado de la Corte Constitucional contra casi todas las reformas intentadas para mejorar nuestra inepta Justicia, la única manera de reformarla radica hoy en convocar una Asamblea Constitucional con el alcance restringido solo para este tema. Reconozco que esto entraña algunos riesgos.
Como es sabido, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, es más conocida como la ´Comisión de Absoluciones´, porque en sus 25 años de existencia tan solo acusó ante el Senado el proceso 8.000 y uno o dos casos más. Ha sido incapaz de acusar altos funcionarios del Estado por hechos u omisiones relacionado con su cargo. En teoría, la Comisión prepara los proyectos de acusación y el Senado debería juzgar.
Ante tal ineptitud, el gobierno del presidente Santos logró que la Comisión Primera del Senado le aprobara su Reforma de Equilibrio de Poderes, dentro de la cual se creó un Tribunal de Aforados con limitadas atribuciones judiciales, ´solo para investigar´ al Presidente, al Fiscal, a todos los magistrados de las altas cortes, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
Califico como limitado el Tribunal de Aforados, porque coincido con la senadora Claudia López, en cuanto a que este debería haber sido integrado por 9 magistrados en tres salas de tres magistrados cada una, con el fin de: investigar, juzgar y garantizar la doble instancia.
Finalmente, la Corte Constitucional, siempre opuesta a que la juzguen, falló en contra de la creación del Tribunal de Aforados, porque halló vicios de procedimiento en los trámites de este en su paso por el Senado, ya que tal Tribunal no se incluyó en los debates de la primera vuelta y el ponente, Alejandro Linares, adujo una ´sustitución´ indebida en la Constitución de 1991.
Otra estocada a cualquier reforma judicial futura la propinó de nuevo la Corte Constitucional con su fallo que salvó el Consejo Superior de la Judicatura más conocido, quizá, como el ´Consejo Superior de la Jubilatura´, porque como se recuerda, ciertas tutelas se presentaban ante jueces ´deshonestos, de confianza´ las cuales terminaban radicadas en los despachos de algunos magistrados del ´Consejo de la Jubilatura´, quienes las fallaban a favor con el fin de acceder a los millonarios pagos retroactivos por jubilaciones, hasta por $200 millones por caso. Este dinero, al parecer, se lo repartían.
La Corte Constitucional salvó este Consejo, asiento de algunos magistrados deshonestos, así: le dividió sus funciones en dos, las administrativas se las declaró inconstitucionales y las judiciales se las asignó a una nueva entidad, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Las maravillas de la Carta del 91, cortes y consejos a granel y poco de Justicia.
La Corte Constitucional se reenganchó, finalmente, al tren del ´santismo´ el pasado 18 de julio, con la aprobación de un plebiscito inconstitucional, el cual nos asegurará una paz inestable y efímera. El paso siguiente radicará en que la Corte apruebe ´sustituir´ la Constitución, sin sospechar su abuso de poder, ¿prevaricato? con el fin de incluir en ella los Acuerdos Finales de La Habana.