¿Integralidad y enfoque territorial?
El concepto de desarrollo rural tradicionalmente comprende dos elementos esenciales: la integralidad y el desarrollo territorial.
Por integralidad se entiende que el desarrollo de los territorios rurales debe incorporar tanto las actividades económicas (agrícolas, mineras, etc.) como las sociales (educación, salud, etc.) y las de infraestructura (vías). Ello debe ir acompañado del desarrollo de otras áreas, como la cultural, la ambiental y la política.
Es decir, el desarrollo rural no se limita a impulsar el crecimiento económico sino que implica el desarrollo integral en beneficio de los habitantes del campo.
De otra parte, desde hace un tiempo el concepto de desarrollo rural ha incorporado el enfoque territorial, con el que se le da preponderancia a la heterogeneidad y a las particularidades que se presentan en los territorios.
En este enfoque se reconocen las diferencias que hay entre territorios, se promueve su desarrollo a partir de las actividades agrícolas y de las no agrícolas y se busca que las gentes que los habitan se apropien de su papel en el desarrollo.
En el pasado, en Colombia, algunos programas del Incora y los del DRI aplicaron los principios del desarrollo rural integral. Con el paso del tiempo, la integralidad se convirtió más en parte del discurso oficial que en un principio rector del desarrollo de los territorios rurales.
Por su parte, el enfoque territorial ha tenido muy poca aplicación en el país y solo recientemente se han venido adelantando ciertas iniciativas que todavía son muy incipientes.
Además, en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha prevalecido la visión del desarrollo agrícola sobre la de los territorios rurales, lo que ha conducido a un evidente sesgo productivista en el que el desarrollo rural integral no tiene mayor espacio ni en las políticas ni en las ejecutorias.
En este orden de ideas, el cambio que se le quiere dar a la institucional para el desarrollo rural territorial debería asegurar el protagonismo de las regiones sobre el centro, al tiempo que debería crear instancias eficaces a nivel nacional y regional para asegurar la integralidad de dicho desarrollo.
Sin embargo, en la reciente reforma institucional del sector (profunda reforma la llama el Gobierno) se creó una agencia del orden nacional, la Agencia de Desarrollo Rural, que tiene como objeto “ejecutar la política de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial”.
Es decir, se mantiene el discurso de lo territorial y se ratifica el protagonismo del centro, lo que representa una clara contradicción entre el objetivo de las políticas y el arreglo institucional establecido.
Además, en las funciones de la Agencia se conserva el enfoque productivista agrícola, pues está encargada de ejecutar las políticas de asistencia técnica, activos productivos, adecuación de tierras y comercialización. En otras palabras, continúa el desorden institucional del Incoder.
Con la reforma, el Gobierno lo que está asegurando es el control de una Agencia que ejecuta directamente (y no las regiones) los recursos del Ministerio. Ello hace más efectiva la entrega de subsidios y apoyos según los intereses políticos del momento, pero reduce el impacto del cambio institucional que se pretende hacer.