IRRESPETO A LAS NORMAS Y TRAGEDIA
La pérdida de preciosas vidas humanas en el naufragio del pasado domingo en la represa de Guatapé-El Peñol, es un hecho que no debiera presentarse en pleno siglo XXI cuando tanto han avanzado las comunicaciones, la navegación marítima y la construcción de embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros; tampoco, so pretexto del uso de la libertad de expresión, a estas alturas se debieran presentar bochornosos espectáculos mediáticos como los brindados estos días por ciertos comunicadores y particulares (como el desadaptado que habló del “Titanic Paisa”) quienes olvidaron la prudencia, el decoro y el recato, al momento de presentar las informaciones para dar rienda suelta a las especulaciones y el morbo.
No obstante, el debate se debe avivar a partir de elementos como los siguientes: “El Almirante”, que ya había sufrido otras averías, era una nave artesanal construida sin todas las especificaciones técnicas; además, a bordo no se llevaban suficientes salvavidas para los casi 170 ocupantes. Tampoco, a los pasajeros se les hizo poner ese adminículo y estos, que se sepa, no lo reclamaron como lo ordena el artículo 48 numeral 4 del Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales (Ley 1242 de 2008): “Al embarcarse y durante todo el trayecto de la ruta, los pasajeros y la tripulación tienen la obligación de llevar puesto y sujeto el salvavidas tipo chaleco, que durante el embarque les entregará el timonel o motorista de la embarcación”. ¡Unos y otros violaron ese canon!
De igual forma, el rescate fue lento e improvisado, todo porque no había protocolos de seguridad activados para estos casos, o, si existían, no se pusieron en práctica, como lo dijeron plurales testigos; incluso, se ha cuestionado la conducta del capitán por haberse lanzado al agua con incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 del citado Código, según el cual dicha persona tiene “la representación de la empresa... en lo relativo a los trabajos materiales de salvamento” y, además, tiene la obligación de “llevar a cabo las diligencias y maniobras necesarias a la conservación de la embarcación, de las personas y de la carga”.
A ello, agréguese, los propietarios de Asobarcos (una de las víctimas fue la propia hija de quien se afirma es el dueño de la embarcación siniestrada) y las autoridades de todos los órdenes, se relajaron con el cumplimiento de las reglas de seguridad, tanto que la señora Ministra de Comercio anunció el cierre de la empresa por carecer del registro nacional de turismo; ella, como buena burócrata, también llegó tarde para hacer cumplir la ley.
Por eso, con la ayuda de elementos como los anteriores, es necesario que la Fiscalía General de la Nación a través de sus indagaciones ya iniciadas esclarezca los hechos y precise la responsabilidad (por acción o por omisión) que les quepa a todos: constructores de la nave, dueños, administradores y autoridades de los órdenes municipal, departamental y nacional. Aquí se han producido muertes y lesiones personales y se observan violaciones al deber objetivo de cuidado medio exigible, como las anotadas; ahora la tarea es construir una buena teoría del caso a partir de la cual se puedan imputar a los autores esas conductas objetiva y subjetivamente. Pero, se insiste, primero es necesario recabar las evidencias y los elementos materiales probatorios, entre los cuales una inspección técnica al barco‒-que debe ser rescatado a tales efectos- se hace perentoria.
Mientras tanto, tras esta muy dura lección, es obligado repensar la forma como se administran esos escenarios para evitar que hechos similares se repitan; los valores y las reglas que inspiran la convivencia organizada se deben replantear: no es posible seguir en manos de la improvisación, el desacato de las normas (la anomia) y la ignorancia. Es necesario jalonar una verdadera cultura del respeto a la vida para que el lucro, la corrupción y la informalidad, no lo gobiernen todo a nombre de la libertad.