Justicia transicional: entuertos y riesgos (2)
Los términos del Acuerdo final dan por sentado que los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) operarán de manera ágil y fluida, sin obstáculos.
Establecieron, el gobierno y las Farc, que: “La terminación definitiva de las hostilidades brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde (...)”. Esta premisa se plasma como un supuesto para el funcionamiento del SIVJRNR; en la práctica, es una consideración falsa.
La terminación de las hostilidades entre las Fuerzas Armadas y las Farc es un hecho que merece celebración. Sin embargo, la extinción de esa contienda bélica no implica el final de las hostilidades en Colombia, ni tampoco anula las dinámicas de violencia que afectan a la población. Hay dinámicas que continúan inalteradas y otras que se reconfiguraron, incluyendo las que se derivaban del accionar de las Farc.
Además de las hostilidades que implicaban a las Farc, hay una amplia gama de operaciones militares sostenidas que siguen realizando las fuerzas armadas y otros grupos armados organizados. De hecho, muchos de los espacios que ocupaban las Farc hoy están copados por otros grupos. La persistencia de hostilidades es un dato de la realidad que niega la validez del supuesto plasmado por las partes.
Por otro lado, varias personas pertenecientes a las Farc optaron por no entrar en la dinámica del proceso de paz y reconfiguraron grupos armados. Estos grupos son expresión de continuidad de algunos intereses y conflictos que antes involucraban a las Farc, especialmente palpables en el nivel micro o local.
Para los pobladores de los territorios en donde operan estos grupos, la exposición a la violencia no ha cesado. De hecho, el régimen de control puede ser incluso más tenebroso, por la necesidad que tienen los grupos de demostrar su poderío y hegemonía. Nuevamente, en estos espacios, la premisa sobre el efecto benéfico del cese de hostilidades no opera.
Si bien los enfrentamientos armados entre Farc y Fuerzas Armadas tenían consecuencias humanitarias nefastas, las manifestaciones de violencia que más han afectado a la población no son las que se derivan de los combates, sino las que surgen del trato que todos los armados dan a las personas consideradas (por ellos) como extensión de su enemigo.
Esa violencia, ejercida de manera diaria con fines de coerción, es la que irradia el miedo como recurso de control. Era y es ejercida por todas las partes en conflicto y por otros actores armados en distintos territorios del país, especialmente los dominados por economías ilícitas.
Además del eje insurgente-contrainsurgente, la violencia en el ámbito local se despliega según lógicas que corresponden a conflictos e intereses locales. El desarme de las Farc y la desaparición de la organización armada no detonan esos racimos de conflictos e intereses locales. En ausencia de mecanismos de regulación formal, como resultado de la debilidad continuada del Estado en los territorios, hay sectores políticos y económicos que, para defender sus intereses, acuden a la violencia como mecanismo de regulación. Formalmente concluido el proyecto armado de las Farc, el control violento en esos contextos es campo abierto de disputa. Así, la población continúa expuesta y sometida a la violencia como forma de gobierno. El miedo es el elemento central de la ecuación de control.
Como están las cosas, no es cierto que las víctimas se puedan expresar sin miedo.