La academia en vilo
El mundo académico y universitario inició este año con la pésima noticia de que el director de Colciencias, César Augusto Ocampo, destacado científico, fue declarado insubsistente por el presidente, como resultado, según parece, de la politización de la que debería ser la institución rectora de la ciencia en el país. En la U. de A. hay también una noticia negativa: el Informe de Auditoría Regular de la Contraloría Departamental, en el cual se da cuenta de 31 hallazgos, 35 tipificaciones, y se habla de un detrimento patrimonial del orden de 2.559 millones de pesos. El informe no es favorable para la actual administración. Sin embargo, el rector Mauricio Alviar afirmó que está dispuesto a aclarar todas las inquietudes mediante la conformación de una mesa de trabajo que permita dar las explicaciones necesarias.
Las dos noticias son graves. Algunos miembros de la comunidad científica consideran que el problema de Colciencias es no solamente de falta de recursos económicos, sino de la profunda politiquería que sufre la entidad, la cual se puede expresar así: que la institución no debe ser dirigida por científicos o académicos, sino que debe ser controlada por políticos desde la Casa de Nariño y desde las oficinas de senadores y representantes. Pero politiquería quiere decir también que la esfera de la ciencia se transforma para que actúe en términos políticos y económicos y así se esfuma el fundamento para una academia preocupada por el bien común de la formación y la investigación. Esto conecta con el problema señalado por la Contraloría en la U. de A., la cual, como buena parte de las universidades públicas, está atravesada por la politiquería y el clientelismo. La politiquería en las universidades públicas resulta de una débil representación, que quiere decir escasa participación de la comunidad universitaria en los procesos de decisión políticos y académicos y debilidad de la opinión pública.
En Colombia, lo dije en una columna anterior, tenemos un gobierno universitario que no es democrático porque en muchos procesos de nombramiento de rectores ha sido el Gobierno el que se ha impuesto para designarlo. Este sistema es clientelista, pues en algunas universidades públicas regionales, el gobernador puede hacer nombrar personas de su grupo político en posiciones importantes, mientras que la contratación se entrega a quienes financiaron su campaña. Y es también corrupto, pues en algunas universidades ha habido desviación de los recursos. El director de Colciencias salió en una componenda secreta entre altos funcionarios estatales sin ninguna justificación. La U. de A. se acerca al proceso de designación del nuevo rector sin haber revisado las normas estatutarias para fortalecer la representatividad en los organismos de decisión académica y para robustecer lo público. Los gobiernos universitarios olvidan el principio que dice que no hay democracia sin opinión pública y transparencia. John Stuart Mill escribió que mientras la autocracia necesita de ciudadanos pasivos, la democracia sobrevive sólo si puede contar con un número cada vez mayor de ciudadanos activos. Nuestras universidades apuestan por ciudadanos pasivos.