lA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA a la deriva
Hablar de la Justicia en un país sitiado por la violencia, la corrupción, la criminalidad organizada, los abismos de clase, el desgobierno y la pasividad, es una de las tareas más complejas que se le pueden asignar a un analista, máxime si cualquier reflexión arranca con Colombia que -según la ONU, aunque otros organismos son más optimistas-, ocupa el “honroso” tercer lugar en el ámbito planetario en materia de desigualdad social, después de Angola y Haití.
Por ello, con semejantes desajustes no es de extrañar que las instituciones estén despedazadas y la inseguridad jurídica se campee por doquier, tanto que la actual Administración de Justicia -en contravía de la Constitución Política, artículos 229 y 230- no les posibilita a todos los ciudadanos su acceso a ella, fomenta el cotidiano irrespeto al principio de legalidad y pretende brindarle un papel protagónico a fuentes auxiliares del Derecho como la jurisprudencia cual si viviésemos en Inglaterra.
Sin embargo, una cuestión tan trascendental para el funcionamiento de cualquier sociedad como esa parece no suscitar mayor preocupación entre quienes hoy detentan el poder que, más bien, prefieren darle un tratamiento de segundo orden como si fuese una problemática propia de una inspección de policía. Prueba de ello es que, con una visión neoliberal y eficientista, se acaba de nombrar como ministra de Justicia a una respetable dama cuyas competencias se relacionan con la gerencia de los sistemas judiciales; y ella, en declaraciones concedidas hace poco al diario “El Espectador”, entiende que solo es una mera “facilitadora” para que el presidente realice esa “política de Estado”.
En esa pobre entrevista, se lanzan plurales propuestas inconexas: recuperación de “la majestad de la Justicia”; repotenciación de mecanismos alternativos para solucionar los conflictos; introducción de la tecnología a la rama judicial; y, pedagogía para mejorar la desdibujada imagen mediante una “estrategia de comunicación”. Además: lucha conta la congestión y mejoramiento de “los tiempos judiciales”; combate a la politización y a la corrupción de los organismos judiciales; políticas de priorización; crítica al populismo punitivo y necesidad de reformar los códigos penales; combate a las dificultades presupuestales; superación del estado de cosas inconstitucional de las cárceles y apuesta por la resocialización; impulso a una verdadera política criminal porque “todo está descuadernado”; e invitación al ciudadano para que no haga justicia por su propia mano, etc.
Incluso, cuando se escuchan las afirmaciones del primer mandatario en estas vitales materias se captan otras opiniones con una orientación ideológica muy distinta: respalda la cadena perpetua para ciertos delitos; aboga por la criminalización de la dosis personal (cuando se debe perseguir a los grandes traficantes); clama por la ausencia de conexidad entre el narcotráfico y el delito político; propone la imprescriptibilidad de la acción penal para casos de corrupción; quiere la unificación de las cortes; busca endurecer las penas para “evitar la reincidencia”; y, en fin, pretende modificar la JEP pero no sabe cómo hacerlo.
Semejante “lluvia de ideas”, propia de quienes carecen de una armazón conceptual precisa, no permite por sí sola poner en marcha proyectos que conciban como su único norte filosófico los postulados propios de un Estado social y democrático de Derecho; ir en contravía de ello, es caminar a la topa tolondra lanzando conceptos para calmar a los electores y no cambiar el statu quo. Es más, los responsables de esas tareas deberían entender que cualquier innovación en la materia que nos ocupa tiene que articularse con profundas y necesarias reformas económicas, sociales y políticas, sin las cuales el Estado es caduco y no viable.
En fin, en plan de aportar algo a tan espinoso debate, debe decirse que un primer paso podría ser la conformación de una comisión de expertos del más alto nivel intelectual, para que -con una visión plural- haga un dictamen serio sobre el estado de cosas y presente un diseño integral y realista para ser puesto razonablemente en marcha.