LA ALTA COMISIÓN LEGISLATIVA
La diferencia entre los Estados occidentales, estables y con una gran tradición constitucional, con respecto a organizaciones políticas como la nuestra, está, entre otras cosas, en su estabilidad institucional. Como se observó en una anterior entrega, los ciudadanos norteamericanos y europeos pueden protestar contra ciertas decisiones del parlamento o de la administración, pero en ningún momento alzarán su voz para denigrar contra su orden constitucional, menos aún, para solicitar cambios sustanciales en el Texto Supremo.
Todo lo contrario sucede en sociedades como la nuestra. La estabilidad y el respeto por el orden constitucional, parece que no hacen parte de la práctica política, ni de los cánones superiores de la cultura jurídica. Lo más grave es que existe una peligrosa tendencia a desconocer la estabilidad del orden establecido y la integridad de las instituciones. En 1863, por cuenta de una asamblea constituyente de hegemonía liberal radical, se expide la Constitución de Rionegro, cuya vigencia permanece, en medio de constantes conflictos, hasta que en 1885 un movimiento denominado de Regeneración Nacional resuelve afirmar que el orden constitucional deja de existir. Se convoca una asamblea constituyente de orientación conservadora, que se encarga de aprobar un nuevo texto constitucional.
Lo curioso es que la nueva Constitución solo empieza a regir en toda su integridad, a partir de la reforma constitucional de 1910; y desde este momento la maltrecha Constitución de 1886 experimenta el número de reformas que cada gobierno de turno plantea con el fin de dejar una impronta histórica de su trasegar por el poder. El hecho es que durante su vigencia se aprueban unas 70 reformas constitucionales. Algunas de tanto significado, como la de 1936 que instaura una especie de Estado social; la de 1945, que tecnifica el trabajo de la administración y el Congreso; las de 1957 y 1959, relacionadas con el origen del Frente Nacional; la de 1968, sobre el sistema de planeación; la fallida reforma de 1974, sobre la pequeña constituyente; la también fallida de 1979, declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia y muchas otras.
Se creyó que con la heterogénea constituyente de 1991, el país entraba en una etapa de gran estabilidad institucional, pero no es así. Durante el corto periodo de vigencia de la Constitución del 91, esta ha sufrido 39 reformas, muchas de ellas acomodadas a fenómenos políticos coyunturales, lo que indica que definitivamente nuestra sociedad carece por completo de cultura institucional.
Como si no fuera suficiente, el presidente de la República sorprende al proponer una especie de congresito (Alta Comisión Legislativa) para discutir las reformas constitucionales necesarias para refrendar los acuerdos de paz. De verdad creíamos que golpes de Estado como el del 91 contra el Congreso Nacional eran cosas del pasado; sin embargo, es preocupante que un Gobierno que se califica de democrático, lance este tipo de propuestas, que lo único que hacen es deslegitimar la actividad de los órganos constituidos y confirmar la idea de que definitivamente nuestras instituciones son débiles, inestables y de fácil reforma.
* Exmagistrado, expresidente del Consejo de Estado. Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.