La Comuna 13, otra vez
El alcalde de Medellín declaró, ante los medios de comunicación, la guerra contra las estructuras criminales de la Comuna 13. A renglón seguido, manifestó que “vamos con toda” y prometió prontas soluciones. El ministro de Defensa también se lanzó a la carga, y ordenó al director de la Policía Nacional “apersonarse” de la situación de la Comuna 13.
Las prontas soluciones van de la mano con identificaciones simplistas del origen del mal: en esta ocasión, el problema es Juancito, y un pacto fresco entre “Pichi” y “Carlos Pesebre” para coludir por el control de la comuna y de la ciudad. ¡Ellos también van con toda!
El problema con el nuevo juramento de mano dura es que no es sostenible, no atiende las causas del problema e “ir con toda” implicará daños a la comunidad.
Empecemos por el marco de referencia temporal: el problema no es de la semana pasada, ni del mes pasado ni del año pasado. La configuración del control coercitivo que se cierne sobre muchos de los barrios de Medellín lleva décadas implantándose y se debe, en gran parte, a fallas del poder estatal.
La situación actual no puede arreglarse repentinamente porque muchos de los problemas se derivan de la configuración, en los años setenta y ochenta, de asentamientos densamente poblados, que nunca estuvieron amparados por el Estado. En ausencia de las autoridades, la regulación de las relaciones y los conflictos sociales la asumieron, en gran parte, agentes ilegales. El recurso de regulación: la violencia.
Ese régimen del orden, basado en la violencia coercitiva, no será sustituido de la noche a la mañana. Es un régimen resistente al cambio que subrepticiamente involucra a todos los ocupantes del espacio, incluso a las autoridades que ocasionalmente hacen presencia.
Que la circulación de rutas de transporte está condicionada no sólo por la regulación estatal sino también por un régimen extorsivo de seguridad no debe sorprender a nadie.
El dominio de las bandas en varias zonas del área metropolitana es alto y estable. Su capacidad estratégica de evadir o de confrontar a las autoridades es tremenda; lo perverso de la ecuación es que, con las dos acciones, ganan. El hecho de que evadan a las autoridades mientras estas se despliegan no quiere decir que suelten el control que poseen. La intervención de estos grupos en los barrios no es ocasional ni provisional: ahí han estado y ahí se quedarán mientras los mercados ilegales prosperen.
Las guerras que en materia de seguridad se anuncian actualmente tienen reflejo en la paradoja de la culebra que se muerde la cola: el enemigo actual fue reforzado y propagado como aliado del Estado en el pasado. La colusión de las autoridades con lo que se denominó Bloque Cacique Nutibara aseguró la primacía de una red de organizaciones criminales que hoy son consideradas como hostiles.
La raquítica presencia estatal, junto con la aparición esporádica de la acción represiva del Estado y de programas que la comunidad abiertamente asocia con la politiquería o la corrupción, son los ingredientes detonantes de una altísima desconfianza cívica en las autoridades.
Que bueno que se debata abiertamente sobre la seguridad de los medellinenses y que se consideren sus miedos –porque miedo es lo que hay, y no desde la semana pasada, sino desde hace décadas. Con base en el miedo, se ha gobernado; es hora de cambiar.