LA JUSTICIA PENAL ESPECTÁCULO
El pasado 26 de septiembre “RCN Noticias” difundió apartes de la declaración rendida por un muy cuestionado exfuncionario, ante la Sala de Instrucción No. 2 presidida por el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa y que fue conformada, al efecto, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, para investigar los posibles comportamientos delictivos llevados a cabo al interior de ese organismo, con la colaboración de varios de sus antiguos miembros. El título de la noticia fue bastante seductor: “Exclusivo: Escandalosa declaración del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno”.
A no dudarlo, la filtración de ese testimonio cosa ya usual en actuaciones judiciales de notoriedad pública es desvergonzada y desconoce, de manera flagrante, las previsiones del Código de Procedimiento Penal aplicable a ese tipo de actuaciones (Ley 600 de 2000, artículos 142, 143, 323, etc.), porque esas diligencias son absolutamente reservadas y el funcionario judicial, la parte o el tercero, que viole el sigilo impuesto se hace acreedor a las sanciones de ley. Además, ello supone un crudo atentado contra el principio constitucional de la responsabilidad social de los medios, con base en el cual el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión son limitados.
Por supuesto, enfrente a ese hecho es pertinente formular diversas preguntas: ¿cómo es posible que quienes intervienen en la investigación de graves actos de corrupción, posibiliten la violación de la reserva sumarial? ¿Quién y con autorización de qué persona le suministró a ese medio de comunicación dicha pieza procesal? Incluso, cabe inquirir: ¿Esa evidencia se entregó de forma espontánea o hubo prebendas de por medio? Y, si la respuesta a esta última cuestión es afirmativa, ¿quiénes intervinieron en la negociación? Es más, ¿cuándo se investigarán esos hechos y se impondrán las condignas sanciones a los responsables?
Estas cuestiones deben ser respondidas a la opinión pública y es indispensable tomar las medidas para acabar con este indecoroso tráfico de materiales probatorios difundidos sin control por ciertos medios de comunicación, que quieren suplantar a los jueces. Es que, si de verdad se quiere combatir la corrupción, debe comenzarse por erradicar esas prácticas; mientras ello no se haga, la administración de justicia seguirá al garete y el colectivo no tendrá confianza en ella.
Así las cosas, si como lo dijo la Corte en su declaración pública del pasado 17 de agosto, ella “expresa absoluta confianza en la labor que viene cumpliendo la Sala de Casación Penal y el sistema judicial en general en la lucha contra este flagelo y las múltiples formas de criminalidad que amenazan la coexistencia democrática en nuestro país” es necesario que, sin dilaciones, esa misma corporación tome las medidas contundentes aquí reclamadas para poder superar este episodio, propio de una justicia mediática que solo ayuda al derrumbe institucional.
Que no se quede, pues, en el papel lo dicho por ese organismo cuando, en el aparte final del citado comunicado, dice deplorar “las sombras de duda que las recientes revelaciones provocan en el imaginario social, respecto a una justicia que por cerca de dos siglos ha trabajado en la construcción del Estado democrático colombiano, con integridad y hasta el sacrificio de la vida de sus propios jueces”. Por eso, si como allí se pregona, la acción institucional también debe seguir adelante llegó el momento de que dicho ente cumpla su reclamado “rol protagónico en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones”, para que este asunto no se torne en un mero canto de sirenas.
Se requieren, pues, respuestas contundentes y claras; la justicia ‒-amén del daño causado por las acciones protervas de algunos de sus más encumbrados jueces- no puede ser también vilipendiada por quienes, como parte integrante que son de la opinión pública y solo con ánimo de atraer clientes para acrecentar el lucro, dan al traste con las actuaciones judiciales al develar importantes piezas procesales reservadas.