LA LEY DEL SILENCIO
Transcurridos más de tres meses desde la mal llamada “contingencia” de la Hidroeléctrica de Ituango, mediante la cual se evidenciaron hechos muy graves que ponen en tela de juicio no solo las actuaciones de quienes han liderado este proyecto desde los ámbitos político y administrativo sino las de los técnicos que han ingerido en el mismo, queda un muy mal sabor de boca para toda la colectividad.
En efecto, quienes dirigen el ente autónomo, el alcalde de Medellín, el Concejo Municipal, los organismos de control (la Fiscalía, no obstante, ha recabado evidencias), los políticos, los medios de comunicación, etc., guardan un preocupante mutismo mediante el cual se evita que el asunto se debata en forma pública ante el colectivo social; hasta ahora, los únicos vehículos de información son unos reiterados y mal redactados comunicados enviados a los medios, en los cuales los responsables del malhadado entuerto orientan a toda la ciudadanía según sus conveniencias.
Por eso no es de extrañar que, en esa misma línea de acción y como ya se temía, mediante otro lacónico aviso aparecido en la página web de Empresas Públicas de Medellín el pasado 31 de julio, se informara sobre la venta de activos para cubrir el monumental descalabro; los bienes que la Junta Directiva autorizó traspasar son cuantiosísimos: el 10,17 % del Grupo ISA y las muy valiosas participaciones en varias sociedades chilenas, todo ello para un monto total estimado “entre 3,5 y 4 billones de pesos”. Es más, los autores de la misiva justifican su proceder cuando aseveran que esta “decisión, responsable con la sostenibilidad de EPM (¡!), se adoptó debido al retraso en la entrada (sic) en operación del proyecto hidroeléctrico Ituango”; y, como si hablara el Mefistófeles de Goethe, le envían “un mensaje de tranquilidad a la opinión pública”.
Asimismo, cosa extraña, “reiteran” que EPM “es y será una empresa cien (sic) por ciento pública y su venta o privatización jamás ha sido considerada”. Como es obvio, de la evolución del proyecto hidroeléctrico y de las gestiones para impugnar la decisión de la Anla, que suspendió “las obras no prioritarias”, poco o nada se dice; y las anunciadas “auditorías e investigaciones causa-raíz”, que menciona el punto tercero de ese anuncio, tampoco se concretan porque –todo lo indica así– ellas terminarán en un sonriente limbo informativo. Desde luego, más allá de los eufemísticos boletines de prensa previos, ya muy poco se dice de la injusta situación económica que atraviesan los miles de damnificados; y, tampoco se informa de las reclamaciones a las aseguradoras (sobre las que tanto alardearon los directivos en un comienzo). Está claro: ¡Muchos de nuestros dirigentes son expertos en conducir las categorías lingüísticas para generar “tranquilidades” hechizas!
Resulta, entonces, de extrema gravedad que una empresa construida con el esfuerzo, la sangre y las lágrimas de todos los antioqueños, empiece ahora a ser entregada a cualquier postor, como si sus administradores pudieran disponer a su antojo de los recursos públicos que se les confiaron; y eso es todavía más delicado cuando se piensa en que quienes así deciden, son los mismos que aún no dan explicaciones precisas sobre tan monumental fracaso. Por supuesto, lo mejor que podrían hacer todos esos dignatarios –incluido el chasqueado burgomaestre municipal– en un acto de grandeza, valor civil y decoro, es dar un paso al frente y renunciar de inmediato a sus cargos para que la justicia escrute sus comportamientos, de tal manera que otros –ojalá sin sus olvidos− sean los que, de forma desprevenida, asuman las riendas de ese ente y tomen las mejores decisiones para la ciudad.
En otras palabras: quienes por acción u omisión generaron este escandaloso detrimento del patrimonio público no pueden seguir “atornillados” a sus cargos y disponer a su antojo del mismo como, sin sonrojarse, ahora pretenden. ¡Razón tenía, entonces, el poeta Jorge Robledo Ortiz, cuando escribió: “...siquiera se murieron los abuelos sin sospechar del vergonzoso eclipse”!.