Según Donald J. Trump, un “fraude electoral a gran escala” está sucediendo y las elecciones están “arregladas”. Políticos de todos los campos han criticado esta absurdez como algo apartado de la realidad, deteriorante para nuestra democracia y sin precedentes en nuestras elecciones.
Es bueno observar tal resistencia bipartidista, pero los críticos están equivocados en eso último. Alegatos con poco fundamento de infracciones electorales han sido utilizados a través de la historia americana, con frecuencia por parte de quienes quieren restringir el voto.
Un artículo de 1875 en el Houston Telegraph dejó claro quiénes eran los potenciales vendedores de votos: “El negro bajo, rastrero, igual ante la ley, comprable, que no paga impuestos” y que había que prevenir que este “neutralice el voto de un buen ciudadano que paga impuestos”. El fantasma de la compra de votos también fue invocado para justificar las primarias exclusivas para blancos del estado.
Lo cierto es que hoy el fraude electoral es escaso. Un estudio por Justin Levitt, un profesor de leyes electorales en la Escuela de Derecho de Loyola y un veterano oficial del Departamento de Justicia, encontró solo 31 alegaciones creíbles de suplantación de votantes en persona desde el 2000 hasta 2014, tiempo durante el cual más de mil millones de votos fueron presentados. Sugerir que nuestras elecciones podrían ser amañadas usando este tipo de fraude pone a prueba la credulidad.
Esto nos lleva a los recientes llamados de Trump para observar urnas en “ciertas áreas”. De por sí no hay problema con el monitoreo de las urnas. Los estados frecuentemente permiten que observadores certificados vigilen las urnas. Monitores entrenados pueden prevenir pormenores el día de elecciones, asegurando por ejemplo que los votantes cualificados no pasen desapercibidos debido a error de un trabajador en las urnas.
Pero el monitoreo indisciplinado en las urnas puede degenerarse hasta convertirse en intimidación de votantes. En el 2004 podían encontrarse policías afuera de un puesto de votación adelantada en Houston, que exigían innecesariamente que los votantes mostraran identificación, (lo cual legalmente no era un requerimiento en Texas) y amenazaban con arrestos. En el 2013 una corte federal en Texas encontró que las prácticas electorales en el condado Harris, donde está Houston, tenían un “efecto dilutivo” en el poder del voto latino, diciendo que “observadores de las urnas han intimidado a votantes latinos en las urnas, con actos como preguntar sobre su estatus de inmigración”.
Aún hay causa para preocuparse. Un seguidor de Trump recientemente le dijo al Boston Globe que perfilara racialmente a “mexicanos, sirios, personas que no hablan americano”. Y no siente verguenza por lo que haría después: “Voy a pararme detrás de ellos”, dijo “y los voy a poner un toque nerviosos”.
Otro hombre dijo en el artículo que “espero que hagamos un golpe”, en caso de una victoria de Clinton. “Vamos a hacer una revolución y sacarlos de la presidencia si es necesario”.
Apenas estamos observando la más reciente ronda de esfuerzos por deslegitimar y excluir votantes de las minorías e inmigrantes con reclamos de fraude sin fundamento. Pero nuestro compromiso con el sufragio universal exige que todo votante cualificado tenga la oportunidad de hacerlo, libre de intimidación o acoso. En estas elecciones barreras innecesarias para votar y llamados para aplicar perfiles raciales son las verdaderas amenazas. El fraude electoral no lo es..