LA OLLA PODRIDA DE LA SALUD
El pasado martes los galenos y enfermeras vinculados a la Clínica Esimed (antes de SaludCoop) de la ciudad de Medellín, han tenido que lanzarse a la vía pública a protestar por la carencia de insumos para laborar y los retardos en el pago de sus salarios. Los servicios de urgencias están saturados; la red hospitalaria no es operante por las enormes deudas contraídas, lo cual no les permite el traslado de pacientes de la EPS Cafesalud a centros médicos de mayor complejidad (elcolombiano.com, 19-07-2016). Y así en todo el país: esa entidad prestadora de salud recibe 50.000 quejas mensuales de siete millones de afiliados por fallas graves en la atención, mientras una deuda del Fosyga –cercana a los 520 mil millones de pesos– anuncia la debacle.
En este entorno, así se paguen de forma cumplida las elevadas contribuciones, el servicio es cada vez peor; el desalmado sistema creado por la Ley 100 de 1993 para que algunos se lucraran de forma voraz, ha hecho crisis en medio de la corrupción galopante, los sobornos y la negación sistemática de los servicios. Por supuesto, también han colapsado las finanzas así mediante la reciente Ley 1797 de trece de julio se hagan esfuerzos desesperados para salvarlas.
A diario, pues, se le recuerda al conglomerado social que sus habitantes solo son una mercancía y que, en ese encopetado escenario de los negocios, lo único que importa son los réditos económicos y no las personas.
Basta asomarse a los puestos de atención de los entes dedicados al asunto, tanto en su régimen contributivo como en el subsidiado, para ver a cientos de miles de pacientes enfermos y lasos haciendo colas, apiñados, como si fuesen mendigos a la espera de una limosna salvadora.
A ello se suma que los controles oficiales para evitar los desafueros (por ejemplo, los asignados al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, la Comisión de Regulación de la Salud, al Ministerio de la Protección Social e, incluso, a la Defensoría del Pueblo), son inoperantes o casi inexistentes. Los funcionarios de esos organismos, muchos de los cuales parecen en campaña electoral, anuncian “exhaustivas investigaciones” y dan entrevistas para los medios donde anuncian supuestos correctivos y hasta condenan los hechos, pero al día siguiente la procesión dantesca continúa.
No es posible, entonces, que para cualquier procedimiento se tenga que acudir a una desgastada tutela judicial o buscar la intervención de poderosos medios de comunicación (a los que se les cumple so pena del escándalo público) y que, en medio de la falta de cobertura existente, de la ausencia y/o mala administración de los recursos, muchos mueran abandonados y sin la asistencia social. Al final, el ciudadano de a pie siempre es el derrotado por los empresarios de la muerte que trafican con la salud, la vida y el dolor.
El derecho a la salud es fundamental y el Estado es el garante del mismo, no un simple regulador, un convidado de piedra, o un árbitro que apaga incendios. Esa garantía debe ser integral, de tal manera que se les asegure a todos los nacionales su calidad de vida y el trato propio de las personas no el de las cosas; y, por supuesto, esa misma prerrogativa la tienen los trabajadores y profesionales de la salud (¡muchos con gran vocación de servicio!) a quienes se les debe respetar y garantizarles sus conquistas laborales.
Los colombianos, pues, si no queremos que nos traten más como géneros que se usan y se tiran debemos movilizarnos para luchar por nuestros derechos y lograr un trato digno y decoroso. Se impone, así, propulsar un cambio radical en esta materia que comprenda todo el diseño de la seguridad social, con sus componentes de salud y riesgos laborales, de la mano de las necesarias transformaciones sociales que no llegarán desde el tinglado habanero, porque ellas ya tienen nombre propio. ¡Tanta injusticia tiene que cesar!.