LA OPORTUNIDAD DE OBAMA PARA PONERLE FIN A LA GUERRA ILIMITADA

Estados Unidos está luchando una guerra no autorizada. En el transcurso de los últimos 19 meses, las fuerzas americanas han lanzado más de 8.800 ataques contra el Estado Islámico en Irak y Siria y han golpeado al afiliado del grupo en Libia. Estados Unidos sigue lanzando ataques aéreos contra al-Qaida en la Península Arábiga en Yemen, anda detrás de militantes en Afganistán y Pakistán.

Esta guerra no se limita a ataques con drones o bombardeos aéreos. Incluye fuerzas de operaciones especiales en Irak, Siria y Afganistán y posiblemente en otros lugares.

La autoridad legal principal para estos ataques y despliegues viene de las 60 palabras que componen la Autorización para el uso de fuerza militar, aprobada hace una década y media. Después del 11 de septiembre del 2011, el presidente George W. Bush pidió una autorización no concluyente para luchar contra todos los ataques terroristas futuros. Sabiamente, el Congreso rechazó esa solicitud, aunque sí dio al presidente autoridad para usar fuerza contra aquellos responsables por los ataques del 11 de septiembre al-Qaida, y quienes los ampararon, el Talibán.

Hoy, el Talibán ya no reina sobre Afganistán, Osama bin Laden ha sido asesinado y los otros participantes clave en los ataques del 11 de septiembre están en la cárcel o muertos. Pero la vieja autorización sigue viva.

Expresado sin rodeos, Estados Unidos está dependiendo de una autorización para luchar contra los responsables del 11 de septiembre para declarar la guerra contra grupos que no tuvieron nada que ver con esos ataques y, en algunos casos, ni siquiera existían en ese entonces. Esta interpretación legal expansiva entrega poder a presidentes futuros de formas peligrosas.

Ahora, Obama reconoce el problema. En mayo del 2013 dijo que “redefiniría y finalmente revocaría” el mandato del 2001. En febrero pasado, propuso una nueva autorización específicamente dirigida hacia el grupo del Estado Islámico. Pero su propuesta con justa razón fue criticada por casi todo el mundo.

Con nueve meses restantes en la presidencia, la administración debería reavivar estas discusiones. Por mucho tiempo Obama ha advertido contra los peligros de una guerra ilimitada, pero el manejo que su administración le ha dado establece precedentes para eso precisamente. Mientras los grupos que Estados Unidos está atacando seguramente tienen algún nexo con al-Qaida y el Talibán, los límites son resbalosos. El grupo del Estado Islámico, un sucesor de al-Qaida, se considera cubierto por la autorización de 2001. ¿Y qué hay de los sucesores del Estado Islámico? ¿Y sus sucesores?

Tan expansiva lectura de la autorización de 2001 ahora ha sido normalizada, en gran parte apoyada por el Congreso y, hasta cierto punto, las cortes.

Administraciones futuras podrían utilizar esta autoridad como crean apropiado. Podrán actuar de manera restringida, eligiendo blancos con cuidado y precisión. O podrían elegir un bombardeo masivo contra el enemigo, así como ha dicho el candidato presidencial republicano Ted Cruz que hará. Como está actualmente, el próximo presidente podría hacerlo contra una serie de grupos aún sin identificar.

Esto es preocupante. Por buena razón los fundadores dieron al Congreso la autoridad para declarar la guerra y al presidente la autoridad para librarla.

Para ser justos, Obama no es el único culpable. El Congreso ha abdicado su papel, eligiendo conceder a la rama ejecutiva en lugar de manejar un asunto posiblemente controversial. Y sería ingenuo pensar que un Congreso que ni siquiera da consideración al nominado del presidente para la Corte Suprema le va a dar una ‘victoria’ al aprobar una autorización de guerra.

Pero eso no significa que el presidente no debe intentarlo. Aunque no tenga éxito, puede sentar las bases intelectuales y políticas para una nueva autorización, haciendo mucho más fácil para la próxima administración dar el paso hacia adelante.

Es poco probable que una nueva autorización de guerra cambie los hechos sobre el suelo. Cualquier cosa que Obama proponga le va a permitir usar el tipo de fuerza que ya ha considerado necesaria. Pero aún importa por razones de buena gobernanza, para proteger el balance de poder entre el Congreso y la rama ejecutiva, y asegurarse de que cuando la nación toma el paso extraordinario de irse a la guerra lo haga en nombre de y con el consentimiento del pueblo .