LA PAZ

Amable lector. A partir del año 2007 para ayudar a cubrir el déficit fiscal, que se volvió crónico, se recurrió al impuesto al patrimonio, que por ahora será hasta al año 2018. En la actualidad se le denomina Impuesto a la Riqueza, término que es más cercano al pueblo.

Este tributo lo pagan las personas jurídicas y naturales con un patrimonio neto igual o mayor de $1.000 millones. El gobierno nacional lo justifica por la facilidad del recaudo y porque son muy pocas las personas obligadas a cumplir con este tributo. No importa el daño que se haga al ahorro, que sin este, no se generan más puestos de trabajo.

Las personas naturales que son algo así como 50.000 ricos, ninguno tiene la capacidad económica para permanecer en Cuba, viviendo un año calendario a cuerpo de rey. A pesar de la notoria pobreza de los jefes de la Farc y sus muchachas, llevan cuatro años disfrutando de la tibia brisa marina que sopla cuando está atardeciendo en La Habana.

Más de uno se imagina que mientras estos beben un exquisito ron, también saborean una fresca y bien condimentada langosta, placeres que muy pocos se pueden dar. Timochenko y sus voceros, han dicho que no tienen bienes para indemnizar a las víctimas, que casi nadie duda, fueron ellos los responsables de los miles de crímenes que cometieron.

Luchar contra un grupo extremista, es casi imposible. Hace muchos años, Tiro Fijo y unos cuantos más, soñaron con un mundo mejor. Aunque tenían razón, por tantas injusticias que había y que aún las hay, los procedimientos que emplearon, lo hicieron peor. Hoy sus herederos tienen otros sueños, el negocio del oro verde. Combatir a comerciantes, es algo más fácil, que a los fanáticos del Islam. Lástima que el doctor Santos no lo entendió así.

El Presidente, en forma generosa ha ofrecido billones de pesos para resarcir a las víctimas. Alguien que obre de manera responsable, diría que no hay dinero para compensar el daño que se hizo a tantos colombianos que perdieron al padre, al esposo, al hijo, inclusive el terruño heredado de los mayores. Deberían ser los jueces quienes ordenen restituir estos bienes. Y a los que les asesinaron a sus seres queridos, solo se les puede ofrecer un mejor mañana, en educación, salud y seguridad.

Si el presidente, no se obliga a luchar hasta el último día de su mandato, contra un mal peor que la guerrilla, la corrupción, los colombianos podemos estar seguros que no habrá paz.

Muy pocos leyeron que un juez condenó a 8 años de cárcel a José Miguel Narváez M, exsubdirector del DAS, por chuzar opositores del gobierno de Uribe. Este delito, para nuestra justicia y la del señor presidente, es mucho más atroz que los crímenes de la guerrilla. Por eso ninguno de ellos será privado de la libertad.