LA POLÍTICA DEL AVESTRUZ
Se acaba de conocer el extenso informe de auditoría de cumplimiento realizado por la Contraloría General de la República, en torno a la gestión de las autoridades ambientales en relación con el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico de Ituango, que da cuenta de la actividad de los funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla–, la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá –Corpourabá– la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –Corantioquia–, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS–, el extinto Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio del Interior y, desde luego, la propia Empras Públicas de Medellín.
El estudio, de 442 páginas, identificó treinta y cinco hallazgos administrativos de los cuales veintinueve tienen presunta incidencia disciplinaria, ocho de índole penal, y dos de otras instancias. Entre los del segundo grupo merecen destacarse, por su gravedad –tanto que tocan con el derecho punitivo–, los siguientes: el segundo (sobre la viabilidad ambiental del proyecto), el tercero (en torno al inicio de obras sin permiso ambiental requerido), el decimoprimero (atinente al diseño y construcción de túneles de desvío), el decimosexto (referido al aprovechamiento forestal y la acumulación de material vegetal en el Río Cauca), el decimonoveno (atingente a la acumulación de material de excavación sobre quebradas en la vía de Puerto Valdivia a la Presa), el vigésimo cuarto (relativo al Manual de valores unitarios y criterios de indemnización y compensación), el vigésimo quinto (en torno al no cumplimiento del derecho fundamental a la consulta previa), y, en fin, el trigésimo tercero (concerniente al plan de contingencia PDC Hidroituango).
Al respecto, es importante precisar que los hallazgos –con fecha de corte a mayo– se dieron a conocer a las entidades respectivas y las respuestas fueron analizadas, para pronunciarse solo sobre los comportamientos no desvirtuados o que no recibieron contestación. Por ello, las entidades y personas comprometidas quedan compelidas a “elaborar y/o ajustar el plan de mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe” (pág. 53), aunque tienen que asumir las investigaciones penales que se derivan del Informe.
En ese entendido, no es posible que conocido el pronunciamiento los directivos de EPM –de forma desdeñosa– solo se limiten a emitir un lacónico comunicado fechado el 27 de agosto, con el cual empequeñecen el hecho con el pretexto de que, desde un comienzo, ese ente manifestó su interés en el sentido de que “se aclaren todas las dudas que se tengan sobre la obra” y siempre “ha estado acompañado por las autoridades competentes”, cuando no pretexta que hace sus propias investigaciones y, en uso del respeto al debido proceso (¿será que la Contraloría lo irrespetó?), darán a conocer sus resultados “oportunamente” (adverbio siempre muy bonito para diluir en el tiempo las responsabilidades y pasar de agache), como si no fuera evidente que son los organismos de control los competentes para pronunciarse.
Aquí, por supuesto, no se trata de simples “dudas” (ellos siempre acuden al lenguaje para minimizar los acontecimientos); por el contrario, se está ante hechos muy graves que afectan el patrimonio público y a las comunidades. Lo que se quiere escuchar, entonces, no son más subterfugios sino pronunciamientos claros y precisos por parte de los administradores quienes deben dar la cara, para que le muestren a la opinión pública los resultados de sus pretextadas indagaciones internas y, de forma rápida, den a la publicidad sus conclusiones. En fin, debe decirse que no es este el comportamiento esperado por los asociados de sus servidores públicos, siempre obligados a observar diafanidad y transparencia en todas sus actuaciones, por lo cual no pueden responder con evasivas y esguinces los oportunos cuestionamientos de las autoridades.